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Comienza el relevo de policías nacionales y guardias civiles para afrontar el escenario post-155

Policia Nacional Port Barcelona

La aplicación del artículo 155 ha alterado el horizonte del contingente policial enviado a Cataluña por Interior para frenar la escalada independentista.

Los policías y guardias civiles que llegaron a la comunidad hace más de un mes están empezando a ser sustituidos para garantizar que todos los efectivos se encuentran en condiciones óptimas para afrontar la intervención de los Mozos de Escuadra, una de las principales medidas que acordó este sábado el Consejo de Ministros. En los casos en los que no hay agentes de relevo disponibles, se están concediendo permisos para que los funcionarios puedan desplazarse a sus puntos de origen y pasar unos días con sus familias.

El plan inicial contemplaba que el despliegue tuviera una duración aproximada de un mes, pero, tras la negativa de Carles Puigdemont a detener su órdago al Estado de derecho, la presencia en territorio catalán de la Policía Nacional y la Guardia Civil puede alargarse hasta el verano de 2018. PP, PSOE y Ciudadanos han pactado que las elecciones autonómicas se convoquen como muy tarde en abril, lo que situaría la jornada electoral en el mes de junio y la formación del nuevo Gobierno catalán, como mínimo, en el de julio. Es decir, que los 30 días iniciales, que ya han supuesto un enorme desgaste a las plantillas, van camino de convertirse en casi un año.

Ante el nuevo escenario y tras las quejas de los sindicatos y asociaciones profesionales de ambos cuerpos, Interior ha comenzado a oxigenar el contingente sin reducir su número de efectivos. Seis grupos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional procedentes de Madrid serán reemplazados entre este lunes y el próximo miércoles por otros seis grupos de la misma ciudad que aún no habían viajado a Cataluña. Los relevos ya comenzaron la semana pasada en el caso de los agentes de las comisarías de Información y Policía Judicial, entre ellos, los encuadrados en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT).

En el caso de la Guardia Civil, los miembros de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) están autorizados desde el pasado sábado para disfrutar de permisos de cinco días en los que pueden viajar a sus ciudades de partida. Transcurrido ese tiempo, deben regresar a Cataluña. Las libranzas se realizarán de forma escalonada para mantener una cifra constante de GRS sobre el terreno. Los relevos de estas unidades son casi imposibles, porque apenas quedan grupos en sus bases. A la movilización masiva provocada por el desafío secesionista se suman los operativos de vigilancia de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y el refuerzo de Madrid por la alerta antiterrorista. Los únicos funcionarios del GRS que permanecen en sus destinos son los encargados de administración y mantenimiento.

Aunque el resto de unidades, USECIC y Seguridad Ciudadana, si que están poco a poco siendo relevados, de hecho hace apenas dos semanas, un grupo de agentes de Seguridad Ciudadana fue relevado por personal que iba destinado a la Comunidad autónoma catalana.

A los guardias civiles ya se les ha comunicado que permanecerán en Cataluña al menos hasta el próximo 2 de noviembre, pero la fecha de vuelta se retrasará de nuevo si Puigdemont fuerza al Gobierno a completar la tramitación del artículo 155. Fuentes de Interior aseguran a este diario que ya se ha negociado que los tres cruceros turísticos que llegaron a los puertos de Barcelona y Tarragona el pasado 22 de octubre para alojar a gran parte de los 6.000 agentes desplegados en Cataluña permanezcan fondeados hasta que sea necesario. El momento del año, en plena temporada baja de cruceros, favorece la disponibilidad de los navíos.

Fuentes de los servicios de información prevén que se produzca una nueva escalada de la conflictividad si Carlos Puigdemont proclama finalmente la declaración unilateral de independencia (DUI) y el Senado completa la tramitación del artículo 155. En esa situación, se produciría un conflicto de legitimidades que podría desencadenar una batalla por el control del territorio, además de protestas y ataques de los sectores más radicales del independentismo contra delegaciones oficiales del Estado. Ese riesgo es el principal motivo de que el Gobierno haya incluido en su propuesta de suspensión de las competencias de la Generalitat la intervención de los Mozos de Escuadra y la destitución automática de su principal responsable, el comisario Jose Luís Trapero.

En concreto, el acuerdo del Consejo de Ministros contempla que “los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la nación podrán dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los miembros de los Mozos de Escuadra”. “En el caso de que sea necesario”, añade, “los miembros de los Mozos serán sustituidos por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Ahí es donde tendrían un papel fundamental los 6.000 agentes enviados a Cataluña, además de los 2.800 policías nacionales y 1.900 guardias civiles destinados permanentemente en la comunidad.

Interior calcula que, en el peor de los escenarios, al menos 8.000 agentes de los 17.000 que integran la policía autonómica se mantendrían leales al orden constitucional. La diferencia se cubriría con los 10.700 funcionarios de Policía Nacional y Guardia Civil. Los mozos que desobedezcan las directrices del Gobierno se expondrán a “responsabilidades patrimoniales, contables, penales o de otro orden que pudieran dar lugar”. Con todo, las medidas de control se centrarán, si avanza la tramitación del 155, en las unidades de los Mossos encargadas de la seguridad ciudadana y el orden público. El resto de secciones, como Información e Investigación Criminal (equivalente a policía judicial), seguirían trabajando como hasta ahora aunque reportando a un nuevo jefe de los Mozos y a un nuevo director.


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