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La Guardia Civil situa a Carles Viver Pi Sunyer, magistrado, como el "ideólogo e incluso promotor del proceso de secesión"

carlos vivies

Un informe de la Guardia Civil entregado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona sitúa al ex magistrado y presidente del Consejo Asesor de Transición Nacional Carles Viver Pi Sunyer en el epicentro de creación de un futuro Estado catalán como "ideólogo e incluso promotor del proceso de secesión a los representantes políticos" quienes debían implementar las "normas jurídicas" en las que trabajaba.

A partir de la documentación que se le incautó, los agentes creen que Viver Pi Sunyer, que fue exculpado por la juez en su ato de procesamiento, presentó varias propuestas para actuar una vez declarada la independencia como tener preparado un personal con el que contaría el nuevo estado.

Según el informe entregado al juzgado, Viver Pi Sunyer determinó que los funcionarios españoles en territorio catalán tras la independencia se les repatriase y no pudieran acceder a la nacionalidad catalana. Para los que se quedasen pretendía exigir "una serie de niveles y pruebas lingüísticas" y la contratación de altos cargos se podría "camuflar a través de cargos de confianza y fórmulas de derechos privado a través de fundaciones o sociedades" sin "publicidad ni formalización previa a la desconexión". Además contemplaba la "externalización" de servicios de la administración como recaudación de tributos o control aéreo.

También para la contratación de determinadas obras y servicios se planteaban alternativas si se debía camuflar antes de la secesión como "una doble contratación público y privada para ciertos temas polémicos, fraccionamiento de la contratación, promesa de contrato" o "bajo promesa de ser legalizado en el futuro en base al nuevo ordenamiento". El informe detalla que Viver Pi Sunyer y sus colaboradores para incentivar a los inversores propusieron negociar "grandes infraestructuras" con estas empresas y para desincentivarlos "recordarles que se podría legislar ex novo sobre expropiación forzada o presionar a las empresas y grandes fortunas de las consecuencias de tener al nuevo estado en contra".

Por eso la Guardia Civil concluye que estas propuestas alentarían "a la violación del ordenamiento jurídico, a instaurar prácticas que vulnerarían los más elementales fundamentos de contratación pública y los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad en el acceso a la función pública. es decir, pudiera estarse institucionalizando prácticas de corrupción en la administración catalana para garantizar que no habría voces discordantes en posiciones de poder en el momento de la secesión".

Entre la documentación intervenida a Viver i Pi Sunyer en el registro de su casa y su despacho, el 20 de septiembre de 2017, la Guardia Civil halló un informe en que se defendía que ningún catalán de origen español residente en Cataluña con anterioridad a la independencia tendría que superar examen alguno o someterse a ningún tipo de juramento de fidelidad. Este documento, titulado "La atribución de la nacionalidad ante la independencia de Cataluña", es un archivo de agosto de 2015 con el logotipo del Círculo Catalán de Negocios y la Guardia Civil atribuye su autoría a Enoch Albertí, miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) que presidía Viver i Pi Sunyer.

A partir del contenido de este informe, la Guardia Civil concluye que el arquitecto jurídico del procés "contemplaba" que los funcionarios del Estado destinados a Cataluña que no fuesen catalanes de origen o bien perteneciesen a determinados cuerpos de la administración serían repatriados a España y no se les permitiría acceder a la nacionalidad catalana. El informe también apuntaba que mientras España no reconociera la independencia de Cataluña, los catalanes podrían continuar ejerciendo los derechos que otorga el tratado de Schengen a través de la nacionalidad española.

El informe también advierte a la juez de que Viver i Pi Sunyer disponía de un informe de la plataforma Secretarios, Interventores y Tesoreros por la independencia en que se planteaba suprimir la obligación de los Mossos d'Esquadra de hacer cumplir la Constitución y su dependencia funcional respecto de jueces, fiscales y tribunales, por lo menos en relación con el referéndum.


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