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El TSJC admite la querella contra Buch y un sargento de los Mossos por la escolta de Puigdemont

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La Fiscalía pidió que se investigara al consejero y a Luís Escolà, sargento de Mossos d'Esquadra, a raiz de una denuncia de Ciudadanos, por los delitos de prevaricación y malversación

La sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decidido admitir la querella presentada por Fiscalía contra el consejero de Interior, Miguel Buch, y un sargento de los Mossos d’Esquadra en relación al servicio de escoltas y protección al expresidente de la Generalidad catalana, Carlos Puigdemont fuera de España. Ambos están acusados de un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos.

La decisión de investigar la causa por parte del alto tribunal catalán se produce como consecuencia de la querella presentada por la Fiscalía tras recibir una denuncia del pasado mes de marzo por parte de Ciudadanos. La formación naranja pedía que se investigara al consejero y al mando de la policía autonómica por los delitos mencionados, al haber prestado un servicio de escolta a Puigdemont desde octubre de 2017.

Ciudadanos sostenia en su denuncia que el sargento de los Mossos Luís Escolà, que acompañó primero a Puigdemont en su huida a Bélgica y que después, tras ser nombrado asesor en materia de sistemas de seguridad por la consejeria, regresó a ese país, actuaba en realidad como escolta del expresidente, contraviniendo la orden del Ministerio de Interior. La formación naranja había denunciado en varias ocasiones que el cargo de asesor de Escolà, que cesó en marzo de este año, era en realidad una tapadera con la que la Generalitat burlaba la decisión de Interior de rechazar la solicitud de Puigdemont de tener escolta al estar en el extranjero.

En el auto de admisión a trámite de la querella, el TSJC señala el “profuso relato de hechos” por parte de la Fiscalía, del que “se desprende la existencia de indicios suficientes” de los tipos delictivos apuntados. El escrito se limita a indicar que “se estima que se cumplen los requisitos de tipicidad y verosimilitud que fundamentan la admisión a trámite de la querella”.

En esa denuncia, la Fiscalía sostiene que, en realidad, la designación de Escolà para el cargo de asesor del Gobierno autonómico catalán en materia de seguridad constituiría “un acto de arbitrariedad, por exclusiva” del consejero Buch, y que respondería, desde el principio, al “propósito de procurar un servicio de escolta permanente a Puigdemont con cargo a fondos públicos”. En el mismo auto se refieren al expresidente como el “declarado rebelde en la causa especial 20907/2017 seguida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo”, y señalan que los indicios permitirían deducir esta arbitrariedad, “tendrían que ver con la trayectoria profesional y actos” de Escolà “con anterioridad a su nombramiento como asesor del Departament d’Interior, y con posterioridad a dicho nombramiento”.

La querella de la Fiscalía también recuerda Puigdemont “contó con el auxilio” del sargento, “así como con el de otros funcionarios, que le escoltaron hasta Francia, donde tomó un avión que le condujo a Bélgica”, lo que le valió la apertura de un expediente por parte de la División de Asuntos Internos de los Mossos “por la eventual comisión de una falta grave”. Aunque se le cambió de destino profesional, el querellado realizó “numerosas salidas al extranjero” para “prestar labores de custodia y de seguridad para Puigdemont” entre el 30 de octubre de 2017 y el 20 de julio de 2018.

Ese mismo día fue integrado en la Comisaría General de Recursos Operativos con el mismo nivel retributivo, pero en la plataforma informática de la Administración Autonómica de la Gestión de Puestos de Trabajo, se creó un expediente para posibilitar la creación de una nueva plaza de asesor dentro del Departamento de Interior. Finalmente, la Comisión Técnica de la Función Pública aprobó la plaza el 24 de julio de 2018 y Luis Escolá tomó posesión de la misma el día 30.


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