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Presentan una querella criminal contra Simón por homicidio imprudente

simon rueda prensa

Un grupo de abogados ha presentado este viernes una querella en los juzgados de Madrid contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Le atribuyen un presunto delito de homicidio imprudente y uno de falsedad documental por su gestión del coronavirus. En el marco de las diligencias han reclamado que se le retire el pasaporte como medida cautelar.

Según ha podido saber Vozpópuli, los abogados han presentado el escrito a través de la plataforma digital de Justicia. Lo han hecho en representación de una mujer que falleció a causa de la COVID-19 el pasado marzo en un hospital de Móstoles. "Otros que se adherirán a la presente querella con posterioridad, pues de momento no han podido otorgar poderes acreditantes de representación dadas las dificultades para hacerlo en situación estado de alarma", según consta en el documento al que habría tenido acceso Vozpópuli.

En el marco de la querella, que aún no ha sido admitida a trámite, han pedido que se lleven a cabo diligencias contra Simón por los "más de 27.700 homicidios por, cuando menos, imprudencia grave, si no mediante dolo eventual, dada la especialísima posición de garante del querellado que supone el puesto laboral que ocupa desde 2012".

Asimismo, han reclamado actuaciones por presuntos delitos de falsedad continuada en documentos públicos cometidos por un funcionario. "Entendemos que, de ser cierta la falsedad del número de fallecidos, estaríamos ante un delito del art. 390 CP (...). Dicha falsedad habría impedido a la población, sobre todo en las fases más tempranas, alcanzar a comprender la verdadera magnitud de la pandemia en nuestro país y a, al menos, adoptar medidas de autoprotección y distanciamiento social", han precisado en el escrito.

Los abogados han estimado que la falta de aviso de Simón "ha provocado un masivo delito del art. 316 CP, contra los derechos de los trabajadores, al no haberse aprovisionado los diversos Ministerios con tiempo de medios de protección individuales y colectivos". Ante estas acusaciones, han reclamado la retirada del pasaporte. A su juicio, "la gravedad de las penas" pueden invitar al director del CCAES "a ser tentado con abandonar nuestro país, siendo público y notorio que el querellado ha residido parte de su vida, por motivos profesionales, en países africanos".

PETICIÓN DE ACTUACIONES

Como parte de las actuaciones, los abogados han considerado pertinente "que se reclame del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid los informes del médico forense que allí obren". Se refiere al documento que forma parte de la causa en la que se investiga al delegado de Gobierno en Madrid por un presunto delito de prevaricación. El texto, según han sostenido los letrados, acredita que "el riesgo de transmitir una enfermedad como covid-19, debido precisamente a la cercanía de las personas y a que el virus de dicha enfermedad se transmite por vía aérea, es elevado en dichas concentraciones de personas".

Además, han solicitado que el Ministerio de Sanidad aporte "copia íntegra y ordenada de todas las comunicaciones escritas, oficiales o no, del querellado con cualquier otro componente del Ministerio o hacia fuera" en el período comprendido entre 2019 y 2020. Y han reclamado que se pida La Moncloa que aporte "todas las grabaciones de todas las intervenciones retransmitidas por televisión del querellado".

Simón es el encargado de comunicar diariamente el número de fallecimientos y contagios que está causando la pandemia en España. Sus declaraciones han generado polémica en más de una ocasión por el cambio de criterio respecto al uso de las mascarillas. En un primer momento, el director del CCAES no recomendó el uso de las mascarillas por parte de la población, pero ahora el Gobierno ha estimado obligatorio su uso en todos los espacios públicos donde no se pueda guardar la distancia mínima de seguridad de dos metros.

Un juez de Madrid deberá resolver si admite o no a trámite la querella. Hasta ahora solo han tenido respuesta -en su mayoría negativa- las medidas cautelares requeridas contra otros miembros del Gobierno ante los jueces de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. En los casos en los que la Sala ha permitido a la Abogacía del Estado plantear sus alegatos de defensa, el equipo jurídico del Ejecutivo ha respaldado la actuación de La Moncloa. "No hay inactividad reprochable jurídicamente", han sostenido.

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