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Falta grave consistente en la emisión de informes o partes del servicio que no se ajusten a la realidad o la desvirtúen.

graciela abogado

Dentro del catálogo de faltas tipificadas como graves, cuales son las previstas en el art. 8.9 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, encontramos la consistente en la emisión de informes o partes del servicio que no se ajusten a la realidad o la desvirtúen.

Antes de adentrarme en las vicisitudes que conforman este tipo de falta, se hace necesario recordar que en cuanto falta grave, de probarse su comisión, la misma lleva aparejada la imposición de alguna de las siguientes sanciones: suspensión de empleo de un mes a tres meses, pérdida de cinco a veinte días de haberes con suspensión de funciones, o la pérdida de destino. Igualmente, se erige en punto de partida el “inexcusable deber de veracidad y de lealtad exigible a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil cuando informen sobre actos del servicio”, como bien recuerdan las sentencias de la Sala 5ª de lo Militar del Tribunal Supremo de 5 y 12 de marzo, y 18 de junio de 2013.

Este deber de veracidad y lealtad exigible a los miembros de la Benemérita viene dado a través de las reglas esenciales que definen el comportamiento del militar. Así, reglas decimocuarta y decimosexta del apartado 1 del art. 6 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas (aplicable a la Guardia Civil, en virtud del apartado segundo del art. 4 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar), si bien se encuentran sustituidas en la actualidad, por las reglas de comportamiento del guardia civil –“cumplirá con exactitud sus deberes y obligaciones impulsado por el sentimiento del honor, verdadera seña de identidad del guardia civil”- y – “evitará todo comportamiento que pueda comprometer el prestigio del Cuerpo o la eficacia del servicio que presta a la sociedad”, reglas 3 y 13 respectivamente, del apartado 1 del art. 7 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, del Régimen del Personal de la Guardia Civil.

Asimismo, y referido al deber de veracidad, hay que tener presente el art. 34 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, de aplicación al Cuerpo de la Guardia Civil, el cual dispone que: “al informar sobre asuntos del servicio lo hará de forma objetiva, clara y concisa, sin ocultar ni desvirtuar nada de cuanto supiera”.

Los mencionados principios y reglas esenciales son tenidos en cuenta por nuestros Tribunales, y de ello es fiel ejemplo la sentencia Tribunal Supremo (Sala 5ª, Sección 1ª) núm. 147/2016 (recurso núm. 83/2016), de 29 de noviembre de 2016.

Sentado lo anterior, cabe entrar a analizar las características de la falta grave consistente en la emisión de informes o partes del servicio que no se ajusten a la realidad o la desvirtúen.

En primer lugar, el bien jurídico que se protege a través de esta conducta típica es el servicio que prestan los miembros de la Guardia Civil y que les obliga a actuar con integridad, manifestándose siempre con veracidad en sus informes o partes relacionados con los servicios desempeñados. También se incluyen, bienes jurídicos como los de la disciplina y la lealtad para con los superiores, tal y como dispone la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 5ª, Sección 1ª), núm. 27/2018 (recurso núm. 102/2017) de 14 de marzo de 2018.

La conducta típica ha de realizarse necesariamente a través de un informe o un parte de servicio, es decir, de un documento en el que por un miembro de la Guardia Civil se da cuenta a la superioridad de las incidencias, novedades o acaecimientos de cualquier índole habidos u ocurridos con ocasión de la prestación de un servicio.

Por lo que se refiere a los elementos del tipo, es de obligada lectura la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 5ª, Sección 1ª) núm. 25/2018 (recurso núm. 90/2017), de 12 de marzo de 2018. En ella, que por otra parte retrotrae a otras sentencias anteriores de 5 de mayo de 2015 y a la anteriormente mencionada de 29 de noviembre de 2016, se parte de que el ilícito que se recoge en el tipo implica dos formas de comisión, según la misma comporte por una parte no ajustarse a la realidad (entendido esto según nuestra RAE, en hacer, emitir o redactar el informe o parte del servicio de modo que lo en ello relatado no case y venga justo con la realidad de lo acontecido, es decir no conformar o acomodar el informe o parte del servicio a la realidad, de suerte que no haya concordancia entre aquellos y ésta), o desvirtuarla (igualmente, y siguiendo a la RAE, quitar la virtud o sustancia a la realidad de lo acontecido, es decir, alterar, modificándola, desnaturalizándola, oscureciéndola, encubriéndola o disimulándola en todo o en parte, la realidad de lo acontecido y su significado, aun cuando manteniendo, al menos parcialmente, la esencia de lo ocurrido). Se trata igualmente, en cualquiera de sus dos vertientes, de un ilícito de mera actividad, no resultando por tanto necesaria la producción de resultado ninguno, sino, que se dé la simple discordancia del contenido del informe o parte del servicio con la realidad, tanto si no se ajusta a la misma como si la desvirtúa. La ausencia de estos elementos, implicaría la falta de tipicidad de la conducta, y necesariamente se habrá de concretar por la autoridad sancionadora en el expediente de la misma naturaleza.

En cuanto al elemento objetivo de la conducta tipificada, se requiere que el informe o parte no se ajuste a la realidad o que la desvirtúe, y que a su vez se refiera al servicio, teniendo entidad suficiente para perjudicarlo. La inexactitud ha de ser de tal relevancia y trascendencia, de manera que el servicio, por este motivo, hubiera podido resultar realmente afectado.

Por lo que se refiere al elemento subjetivo que se integra en el tipo, la conducta puede ser realizada tanto a título de dolo como de culpa. Más allá de lo anterior, como recuerda igualmente la referida sentencia de 2018, del tenor literal de esta falta grave se desprende que no se exige de forma expresa que la conducta de quien emite un informe que no se ajusta a la realidad o la desvirtúa, haya de ser necesariamente inveraz o falsaria. En aquellos casos en que la inexactitud o discordancia de lo informado con la realidad de lo sucedido se pueda atribuir, no a una clara intención de faltar a la verdad,

sino a la percepción errónea de lo ocurrido, por falta de diligencia de quien redactó el informe o parte de servicio, nos encontramos ante una conducta negligente, que entraña un comportamiento imprudente incluido en la conducta típica.

GRACIELA RODRIGUEZ

Abogado, Col. nº 818, ICA Santa Cruz de La Palma

https://gracielarodriguezblog.wordpress.com/


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