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Veintiún detenidos en Almería en una operación contra el tráfico de hachís y marihuana a gran escala

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La Policía Nacional ha detenido en Almería a 17 varones y cuatro mujeres como presuntos integrantes de una organización criminal de ámbito internacional –de los que diez han entrado en prisión– dedicada al tráfico de drogas a gran escala en el marco de la operación ‘Corral’, en la que se ha practicado 12 registros en viviendas y fincas rurales de la provincia.

La Comisaría de Almería ha informado en una nota de que diez de los arrestados en la operación policial, denominada 'Corral', han ingresado en prisión por orden judicial, así como que en el operativo para apresarlos han participado casi un centenar de agentes de Policía Judicial, del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y guías caninos y se han practicado doce registros en viviendas y fincas de la provincia de Almería.

Los agentes se han incautado además de 1.500 kilos de hachís, 323 kilos de marihuana, 1.967 plantas de cannabis sativa y 90 kilos preparados para su consumo.

También han intervenido 113.770 euros en efectivo, 15 vehículos de alta gama valorados en medio millón de euros, 51 teléfonos móviles, 259 transformadores y otros efectos para cultivo y envasado de la marihuana.

Los ahora detenidos forman parte de una presunta organización compuesta por personas de diferentes nacionalidades que estaban asentadas en la provincia de Almería, concretamente en las localidades de Rioja, Gádor, Pechina, Tabernas, Viator, Santa Fe de Mondújar y la capital almeriense.

La investigación se inició en septiembre de 2017 y los agentes averiguaron que el grupo estaba liderado por un ciudadano de origen rumano que «dirigía, controlaba y coordinaba toda la actividad criminal».

Bajo su dirección actuaban el resto de integrantes, ayudados por dos lugartenientes que se encargaban de la supervisión de las plantaciones diseminadas en zonas rurales del levante almeriense y coordinaban el transporte y almacenamiento de la droga.

Uno de ellos, de nacionalidad española, tenía vínculos familiares con otros miembros de la organización que eran los «jardineros» y «vigilantes», la base de la estructura piramidal del grupo, de forma que con ello conseguían mayores niveles de seguridad y hermetismo para la actividad delictiva.

Estas personas trataban directamente con los dos hombres de confianza, de manera que carecían de contacto con el jefe de la organización.

Los inmuebles utilizados para encubrir el cultivo ilegal se localizaron en parajes rurales, lo más alejados posibles del resto de la vecindad, con accesos poco transitados pero sin embargo cercanos a carreteras principales o autovías, arrendados a sus propietarios y con suministros de agua y luz al que añadían un enganche ilegal a la red eléctrica.

El grupo también se abastecía de proveedores externos con grandes partidas de plantas de cáñamo y hachís, los cuáles almacenaban en dos «guarderías» halladas por la Policía Nacional, una en un piso en la avenida del Mediterráneo de Almería, y otra en una casa cueva situada en Santa Fe de Mondújar.


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