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Absuelta la mossa acosada y expedientada por la Generalidad catalana: "Han ido a por mí y por mi familia"

Inma Alcolea mossa absuelta

Inma Alcolea es una de las agentes de los Mossos d'Esquadra sin pelos en la lengua y ha ganado su pulso judicial contra la Generalitat. Ha sido absuelta por un juzgado de lo contencioso-administrativo de la falta administrativa que origino su sanción y ahora estudia  solicitar una indemnización y no descarta abrir la vía penal por diversos delitos, como el de acoso. 

"Han ido a por mí y por mi familia", ha asegurado en declaraciones a ELLiberal.cat. "He vivido una persecución y acoso, y también mi pareja", ha denunciado. Ahora tienen un "enemigo delante y no me van a callar", ha dicho.

El calvario de esta agente del Cuerpo autonómico se inició por un insulto contra Carles Puigdemont, un escrito que ella no realizó, sino su madre, pero sirvió de excusa a la Generalitat para suspenderla del servicio como medida cautelar. Para su absolución  ha sido crucial el tipo de letra utilizado en el insulto, escrito en mayúsculas, como casi todas las publicaciones antisecesionistas de la madre de esta mando del cuerpo policial.

Así lo señala el Juzgado, dando por buena la versión de esta 'caporal'.  El Juzgado no observa "intencionalidad" de desprestigiar el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, "máxime en el contexto en que se enmarca la conversación privada de referencia, siendo verosímil" el testimonio de la recurrente. Tampoco "es atribuible responsabilidad administrativa alguna a la recurrente por la falta disciplinaria que nos ocupa, a título de omisión, en el sentido de no modificar o borrar los comentarios inapropiados efectuados por su madre en modo público".  

La decisión judicial llega 33 meses después de ser expedientada, un castigo por el que fué sancionada inicialmente de forma cautelar con una suspensión de empleo y sueldo y, posteriormente, fue destinada a 140 km de su vivienda, según ha asegurado Alcolea, defendida por los despachos Javier Aranda (administrativo) y Albácar Clusa (contencioso), a ElLiberal.cat.

El 5 de septiembre de 2017, el actual procesado por rebelión y mando de los Mossos Pere Soler la traslado, tras abrirle otro expediente, a prestar sus servicios a la prisión de Figueras por carecer de "neutralidad política". 

"No existe suficiente prueba incriminatoria contra la agente en relación al ilícito o infracción administrativa que se le imputa", afirma el Jugado 15 de lo Contencioso Administrativo de Barcelona, que entiende "que, habiendo actuado indebidamente la Administración demandada al sancionar a la aquí recurrente con insuficiente prueba de cargo, se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia y de responsabilidad".

El juzgado no entra a valorar los  procedimientos penales posibles contra la Generalitat, por supuestos delitos de acoso, odio y discriminación.

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