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El fiscal afirma que la agresión de Alsasua: «Fue un atentado contra la Guardia Civil y contra dos mujeres»

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha vuelto a insistir este miércoles en que la agresión de Alsasua (Navarra) a dos guardias civiles y sus parejas fue un acto terrorista, que no se puede desvincular de la actividad pasada de ETA.

En la vista de apelación para revisar la sentencia del caso, el Ministerio Público ha ratificado su recurso, en el que solicitó que se condene por terrorismo a los ocho implicados en el ataque, siete de los cuales se encuentran ya encarcelados. «No estamos ante una causa general de la Guardia Civil contra los condenados, estamos ante una causa por un atentado contra agentes de este cuerpo y contra dos mujeres», ha manifestado el fiscal del caso, José Perals, que pide penas que oscilan entre los 12 y los 62 años de cárcel.

En la sentencia revisada, la Audiencia Nacional condenó a penas de entre dos y 13 años de cárcel a los ocho acusados. El tribunal que enjuicio los hechos no apreció un ataque terrorista, pero sí delitos de atentado a la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. Los magistrados aplicaron además una agravante de odio, al considerar que la agresión se produjo por motivos ideológicos y por la inamadversión de los atacantes a la Guardia Civil. La sentencia recurrida destacó «la brutalidad y el clima de violencia verbal» en el bar Koxka, el lugar del ataque, y descartó que sea una mera pelea de bar, la tesis defendida por los condenados. El fallo dio credibilidad a la estremecedora versión de las cuatro víctimas.

La Audiencia Nacional ha revivido este miércoles la agresión a los agentes y ha resucitado la batalla entre los argumentos de las partes. Seis testigos propuestos por las defensas han relatado lo que vieron aquella noche y han difuminado la participación de los condenados en el ataque, que tuvo lugar en la madrugada del 15 de octubre de 2016, cuando bajaba el telón de una jornada festiva por la feria del ganado en el municipio navarro, tradicional fuero de la izquierda abertzale.

Vasos volando

Los letrados de los condenados han destacado el testimonio de Amaia Martin, una joven de Alsasua amiga de uno de los agresores (Jon Ander Cob) y de la novia del teniente, María José, que también fue víctima del ataque. La testigo ha asegurado que estuvo en el bar Koxka, donde se precipitó el hostigamiento a los agentes y sus parejas, y ha manifestado que no vio ningún ataque. «No vi una agresión, solo vasos de chupito volando», ha expresado Amaia, que a pesar de presentarse como amiga de María José ha asegurado que no ha contactado con ella desde el día siguiente a la agresión. La escribió un mensaje entonces, el 16 de octubre de 2016, la novia del teniente no respondió y la testigo no ha vuelto a ponerse en contacto con ella.

Según su testimonio, ofreció ayuda a María José pero ella la rechazó. «El teniente estaba tirado en el suelo y Marijosé intentaba ayudarle, asustada. Le dije que si necesitaba ayuda o que le guardase el móvil para no perderlo y no quiso», ha relatado ante el tribunal Amaia. Esta testigo ha negado que Julen Goicoechea golpeara o insultara a los agentes en el local y ha asegurado que no vio a Jon Ander Cob en lugar, unas afirmación que han resaltado los abogados de ambos condenados en el turno para sus alegatos.

El fiscal ha restado importancia al testimonio de los seis testigos que han declarado este miércoles. «No han aportada nada respecto a lo que ya declararon los 26 testigos a lo largo del juicio oral», ha expresado Perals, que ha señalado con ironía que todos estaban en la zona de los hechos pero no vieron la agresión. Ha recordado, además, que todos ellos son conocidos o amigos de algún condenado.

Agresión brutal

El tribunal que juzgó los hechos (la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional) rechazó la tesis de la Fiscalía sobre el terrorismo aunque avaló el relato de las víctimas. Describió una agresión brutal, movida por la animadversión a la Guardia Civil, pero descartó que los agresores hubiesen asumido los postulados etarras o buscasen una finalidad considerada terrorista por la ley, como alterar la paz pública o atemorizar a una parte de la población. Aplicó, eso sí, una agravante al advertir que el odio movió a los acusados. El fiscal invoca esa motivación y no se rinde. «Si una acción violenta se comete con una motivación ideológica impulsada por una organización terrorista, es terrorismo aunque el sujeto no esté integrado en una organización terrorista», asegura.

Después del recurso de apelación, las partes tendrán la oportunidad de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, la cúspide del sistema penal. Esta impugnación permite que el Alto Tribunal revise la corrección jurídica de un sentencia sin poder cuestionar los hechos considerados probados por los tribunales anteriores.


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