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Interior oculta el informe y rehúsa dar detalles a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil de los resultados de la auditoría encargada a Ernst&Young sobre equiparación salarial tras expirar el plazo

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El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska dispone del documento desde hace diez días. Esta auditoría debería determinar si los 807 millones pactados para la equiparación serían suficientes para recortar totalmente la brecha en los sueldos con los Mossos y Ertzainas.

El Ministerio del Interior oculta, según ha podido saber El Independiente, a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, así como a sindicatos policiales el informe encargado a una consultora externa sobre las retribuciones en ambos cuerpos en relación con los Mossos y la Ertzaintza a fin de garantizar que la equiparación salarial pactada hace un año sea “total”. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska dispone del documento desde hace diez días.

Este trabajo es clave para determinar si los 807 millones de euros en que se cerró el acuerdo el 12 de marzo de 2018 -a desembolsar entre 2018 y 2020- es suficiente para recortar la brecha con las policías autonómicas o si, por el contrario, es necesario habilitar una partida adicional para corregir al alza el cálculo inicial. La relevancia de las conclusiones explica el interés de los representantes de los policías y los guardias civiles por conocer su contenido, sin que sus demandas hayan sido atendidas hasta el momento.

Fuentes consultadas por El Independiente aseguran que Ernst&Young Abogados SLP -la compañía a la que se adjudicó el encargo el 12 de julio de 2018- envió a Interior por correo electrónico el informe final el pasado 25 de febrero, siendo los destinatarios los directores de gabinete y de Coordinación de Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad: Pau López Ramos y José Antonio Rodríguez González, respectivamente. Fue la víspera de que la número dos de Interior, Ana Botella, presidiera la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de equiparación salarial, a la que asistieron -entre otros- los representantes de los policías nacionales y guardias civiles y los directores generales de ambos Cuerpos.

En dicho encuentro, los responsables ministeriales aseguraron a sus interlocutores que la consultora no había terminado todavía el trabajo y que la Secretaría de Estado de Seguridad estudiaba conceder una ampliación del plazo -éste terminaba este 4 de marzo- debido a la complejidad que entrañaba el estudio puesto por puesto y las retribuciones que le corresponden a los mismos.

Las fuentes aseguran que Ernst&Young Abogados volvió a presentarlo a los responsables de Interior dos días después (el 27 de febrero), esta vez mediante su presentación en el registro del Ministerio. Pese a los reiterados intentos de este diario, el departamento de Grande-Marlaska ha eludido confirmar si ha recibido ya el citado informe y cuándo tiene previsto informar de su contenido a los representantes de ambos Cuerpos policiales.

El acuerdo que Juan Ignacio Zoido firmó el 12 de marzo de 2018 con los responsables de cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) y de siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos) incluía una cláusula por la que la Secretaría de Estado de Seguridad se comprometía a contratar los servicios de una consultora externa que fijara criterios objetivos de análisis para garantizar que los 807 millones pactados suponen “la equiparación salarial total y absoluta”. Fue la forma de desbloquear la negociación y acercar posturas, después de que los representantes de los agentes se hubieran levantado de la mesa tras cifrar en 1.500 millones de euros la cantidad necesaria para recortar la brecha salarial con los Mossos d’Esquadra.

El pasado 12 de julio, la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior adjudicó a Ernest&Young Abogados los “servicios de consultoría para el análisis de retribuciones y de tareas de los puestos de trabajo en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” por 120.516 euros, la oferta económica “más ventajosa” de las siete que concurrieron a la licitación.

SEIS MESES DE PLAZO

El pliego de prescripciones técnicas que reguló esta contratación fijó en seis meses el plazo que tenía la citada firma profesional de servicios para entregar el informe a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato, lo que tuvo lugar el 3 de septiembre de 2018. Ese margen, por tanto, expiraba el pasado 4 de marzo.

Según ha podico conocer El Independiente, en el pliego se detalla que la empresa adjudicataria tenía que entregar a Interior un informe sobre las retribuciones y el diagnóstico de la situación tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil “dentro de la seis primeras semanas de vigencia del contrato” y, dentro de las 12 primeras semanas, un análisis sobre los puestos de trabajo y funciones generales en ambos Cuerpos y en la Policía de la Generalitat de Cataluña. Ernst&Young quedaba también obligada a aportar un documento con propuestas para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones en dos meses.


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