hospimedica2

Asociaciones profesionales de la Guardia Civil estudiarán acciones legales si Interior no informa antes del 28-A de la auditoría sobre equiparación salarial

Rueda asociaciones profesionales Guardia Civil

Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, ASES-GC, UO, UNIÓN-GC y la Asociación Profesional de Cabos) han anunciado que estudiarán un calendario de movilizaciones y acciones legales si el Ministerio del Interior liderado por Fernando Grande-Marlaska no les da traslado de la auditoría sobre la equiparación salarial entre policías antes de las elecciones generales del 28 de abril. APROGC que viene apoyando al resto de asociaciones, se desmarca en esta ocasión al no compartir que uno de los motivos sea la "carencia de herramientas de interlocución como consecuencia de un deficiente modelo de asociacionismo profesional"

 En una reciente reunión con el Director General, Félix Azón, que tuvo lugar el pasado 27 de febrero, este les informó que habría un cambio en el reparto del dinero a percibir por los agentes en favor de los policías, que recibirán un 1,72% más, lo que a efectos contables se traduce en 4,3 millones menos para los guardias civiles.

En un principio se acordó que de toda la partida, los guardias civiles se llevarían el 59% y la Policía el 41%, ya que según el catálogo del Ministerio del Interior hay casi 64.000 policías disponibles y cerca de 77.000 guardias. Las asociaciones creen que el cambio puede estar influenciado por dos motivos: uno de tintes políticos y otro por la cercanía de las elecciones al Consejo de la Policía Nacional, donde se presentan los sindicatos.

Los guardias civiles creen que el tijeretazo que se les va a aplicar en el pago del tramo de equiparación salarial correspondiente a 2019 viene de la mano del comisario de Policía José Antonio Rodríguez González, alto cargo en el Ministerio del Interior desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno tras prosperar la moción de censura.

Semanas después de su llegada, el ministro del Interior relevó en dicho puesto al coronel de la Guardia Civil Juan Hernández Mosquera -éste había sustituido meses antes a Diego Pérez de los Cobos tras su nombramiento como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid)- y designó en su lugar al comisario de Policía Nacional José Antonio Rodríguez, que tras volver como consejero de Interior en la Embajada de España en China logró una liberación en el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

El desplazamiento de un guardia civil en favor de un policía nacional para desempeñar este cargo clave en la estructura del Ministerio del Interior desató en su día las críticas de las asociaciones profesionales, que recordaron que dicho puesto había estado ocupado desde hacía más de treinta años por un oficial del Instituto Armado “por ser ajeno e impermeable a los vaivenes políticos habituales en los altos mandos de la Policía”. “Podemos aventurar, por nuestra experiencia profesional, que el hecho de que el Gabinete de Coordinación esté dirigido por un ‘comisario político’ no será bueno para nadie, tampoco para los propios altos cargos del Ministerio, pues más allá de la afinidad política se requiere una capacitación técnica adecuada para ocupar tan importante cargo”, advirtió la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC).

Las dudas de ayer, hoy se están viendo confirmadas, con esta decisión, ya que el comisario Rodríguez ha estado presente en todas las reuniones sobre equiparación que ha llevado a cabo el ministerio de Interior con asociaciones profesionales. Estas ya mostraron su sorpresa cuando el pasado 5 de octubre, Grande-Marlaska se reunió por primera vez para abordar el seguimiento del acuerdo de equiparación que su antecesor en el cargo había firmado el 12 de marzo de 2018, al comprobar que Interior reservaba una silla en torno a dicha mesa al comisario José Antonio Rodríguez, director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Los guardias civiles denuncian el “grave perjuicio” que el cambio de criterio les va a causar, ya que junto a sindicatos de Policía Nacional aceptaron el pasado año el reparto del 59-41 % para desbloquear la situación y que se pudiera firmar el acuerdo –rubricado el 12 de marzo de 2018– con la promesa de que en 2019 se revisaría, sin embargo desde Policía Nacional se asegura que lo que se acordó es que se revisaría ese porcentaje para que respondiera al peso real que cada Cuerpo tiene por número de agentes en torno al 52,20% la Guardia Civil y el 47,80 % la Policía Nacional, según los últimos datos aportados por el Gobierno al Congreso de los Diputados.

Frente a ese argumento, las asociaciones profesionales del Instituto Armado sostienen que lo pactado con los sindicatos policiales es que se recalcularían las cantidades inicialmente asignadas en función de “nuevos elementos objetivos”, como se acordó en la reunión mantenida el pasado 23 de mayo. “Y no los hay porque no conocemos el informe de la consultora”, resumen fuentes de la Guardia Civil.

Según los agentes de Guardia Civil aseguran "A este paso no nos vamos a equiparar ni con la Policía Nacional". que por puestos de trabajo viene cobrando más que los guardias civiles. Los agentes no han querido poner fecha a las futuras movilizaciones, pero han asegurado que, si no acuerdan una reunión "al más alto nivel" con los dirigentes de Interior, será "cuestión de días". En todo caso, las previsiones apuntan a que sean antes de las próximas elecciones generales del 28 de abril para que no se cuestione su neutralidad política. Tampoco descartan que se presenten acciones legales contra el Ministerio.

En el acuerdo firmado entre Interior, las asociaciones de Guardia Civil y los sindicatos de Policía Nacional se acordó que el Gobierno contrataría los servicios de una auditora que realizase un informe en el que se reflejase si lo pactado era suficiente para alcanzar la equiparación con mossos d'esquadra y ertzainas. El contrato recayó en Ernst & Young.

La compañía se comprometió a realizar estudios parciales y a entregar sus conclusiones finales en marzo de este año. Sin embargo, los agentes afirman no haber recibido ninguno de ellos, a pesar de que el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska cuenta con él desde el pasado 25 de febrero, según publicó El Independiente.

Además las asociaciones profesionales relacionan la decisión "impuesta" por el director general de la Guardia Civil, Félix Azón, con las elecciones sindicales que se celebran próximamente en la Policía Nacional. "A nadie se le escapa esto", ha comentado Ángel Ramírez, de ASES-GC. "No se trata de la cantidad, que también, sino del modo", ha añadido.

Aunque comparte las críticas por la "injusta distribución" de la equiparación salarial, APROGC se ha desmarcado del acto de este martes al no compartir que uno de los motivos sea la "carencia de herramientas de interlocución como consecuencia de un deficiente modelo de asociacionismo profesional".

 


Imprimir   Correo electrónico