La Guardia Civil investiga un plan que permitiría a la Generalidad catalana reclutar a funcionarios afines a la independencia de Cataluña

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el expresidente de la generalitat de cataluna carles puigdemont durante su visita a perpignan francia

La Guardia Civil considera que Jaime Cabaní estaría trabajando en un sistema de selección de personal para la administración catalana. El informe del instituto armado también pone de relieve que "el control de Mossos y policías locales resulta fundamental para garantizar el control del territorio".

 La Guardia Civil sospecha que el informático de Waterloo Jaime Cabaní, que el juez vincula con el presunto desvío de fondos públicos a Waterloo, estaría buscando un sistema para que la Generalidad catalana pudiese reclutar a funcionarios afines a la independencia de Cataluña.

En un informe remitido al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga la causa, el instituto armado considera que Cabaní estaría trabajando en un sistema de selección de personal para la administración catalana con el objetivo de contratar a aquellas personas que "puedan servir a los objetivos del Consejo por la República".

Según el sumario del caso, al que ha tenido acceso Efe, Cabaní envió el pasado agosto un correo electrónico a un representante de la empresa norteamericana Converus, que ofrece una aplicación para evaluar la credibilidad de personas con un sistema similar al del polígrafo y detectar si alguien no está diciendo la verdad.

En dicho mensaje, que el informático envió desde la dirección de correo de Cataliza, una sociedad que ha creado recientemente en Estonia con sede en Bruselas, explica que es propietario de una empresa que se dirige al mercado catalanoparlante, que algunos de sus clientes son partidos políticos y que planea trabajar para el Gobierno autonómico catalán en la implementación de un centro de reclutamiento de personal.

De acuerdo con la Guardia Civil, de los correos electrónicos que Cabaní intercambia con la compañía Conversus se desprende que el informático "pretende contratar los servicios de esta empresa -que cuenta con expertos en pruebas policiales- que podrían utilizar para la selección de personal de la Generalidad".

"Con esta aplicación no es descartable que pretendan perfeccionar los sistemas de selección de personal contratando a aquellas personas que puedan servir a los objetivos del Consejo de la República", concluye el instituto armado.

Para el cuerpo ello explicaría por qué Cabaní, para quien el juez ha expedido una orden europea de investigación, está "preocupado" en garantizar la seguridad de su patrimonio en España, pues es "consciente" de que "sus actividades podrían constituir algún tipo de ilícito penal".

Control de la policía

El informe de la Guarda Civil también pone de relieve que "el control de Mossos y policías locales resulta fundamental para garantizar el control del territorio" tal como, a su entender, se ha acreditado durante el juicio del 'procés', que condenó a la cúpula independentista, en la causa en la Audiencia Nacional contra el mayor Jose Luís Trapero, finalmente absuelto, y en la que dirige el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona sobre los preparativos del referéndum del 1-O.

De hecho, la Guardia Civil vincula también las pretensiones de Cabaní con las anotaciones del exdirigente de CDC Víctor Terradellas, que en una libreta clasificaba a varios mossos d'esquadra por su ideología, patriotismo u orientación sexual y que precisamente este lunes la Audiencia de Barcelona mandó investigar por si constituyen un delito de revelación de secretos y deslealtad profesional.

Informático en la residencia de Puigdemont

Cabaní se habría trasladado a Bélgica a principios de 2018 y registrado como informático en la denominada Casa de la República, la residencia en Waterloo de Puigdemont, por lo que el juez le atribuye un papel clave en la transferencia de dinero al expresidente catalán mediante criptomonedas y en la creación de una "república digital" para eludir los controles del Estado.

En base a los informes del instituto armado, se sospecha que habría recibido fondos de entidades con subvenciones públicas, como la Plataforma Proselecciones Deportivas Catalanas, que luego habría transformado en bitcoins y empleado para sufragar algunos de los gastos de Puigdemont, como el pago de los honorarios de sus abogados.

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