El informe jurídico del Parlamento Europeo propone levantar la inmunidad de Carles Puigdemont y los ex consejeros huidos

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El informe realizado por la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) del Parlamento Europeo recomienda tramitar los suplicatorios remitidos por el Tribunal Supremo español y levantar la inmunidad del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los ex consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí para que puedan ser extraditados y juzgados en España. El documento, coordinado por el eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki, será votado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo el martes, y si se aprueba será sometido al Pleno el mes que viene.

El papel, adelantado por Abc y cuyo contenido ha podido confirmar EL MUNDO, desarrolla lo esperado. A pesar de que el caso de los políticos independentistas es muy polémico, tiene una notoriedad poco habitual y su voto en el pleno tendrá una carga política enorme, la decisión del comité de Asuntos Jurídicos es en realidad meramente técnica. O así debería serlo. En la pasada legislatura la Eurocámara examinó 70 suplicatorios y sólo en cinco casos rechazó levantar la inmunidad. No se trata de un examen jurídico. Las normas dicen que se puede rechazar el suplicatorio únicamente si se considera que quieren juzgar a un diputado por sus opiniones o por sus votos el ejercicio de sus funciones. O si se da un caso de fumus persecutionis, esto es, cuando se estima que la motivación del proceso es "perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución".

Por tanto, lo normal, estadísticamente y procedimentalmente, es que se autorice, y más si se cursa la petición por una causa pendiente con la Justicia anterior a la adquisición de la condición de diputado y su inmunidad.

El proceso arrancó hace más de un año, en enero de 2020, con el nombramiento de un ponente, algo que se hace de forma rotatoria entre los grupos que forman parte del Comité. Después, se decidió sobre si tramitar las peticiones por separado o de forma conjunta, y los diputados optaron por dejarlo todo en las mismas manos y en un único informe. El mes pasado, tras muchísimo retraso por el coronavirus, se realizaron por fin las audiencias con los tres afectados, cada una de forma individual. Y ahora se ha realizado el informe que fue enviado ayer a todos los miembros del Comité.

Será discutido a puerta cerrada el lunes y votado el martes. Es buena guía, pero el resultado no es vinculante. El pleno de la Eurocámara votará la decisión, y ahí ya no entran en juego los factores técnicos, sino la pura política. Ver qué lado consigue más votos entre todos los grupos. "Es un procedimiento parlamentario muy serio, y es fundamental concienciar en la necesidad de mantener la confidencialidad del mismo durante todo el proceso. Hacer filtraciones no sólo es éticamente reprobable, sino que pueden suponer la apertura de un procedimiento sancionador a quien las haya realizado. Sigue sorprendiéndome que haya personas que sigan sin entender que esto no es un juego, ni algo de lo que haya que sacar ventaja política", ha avisado este jueves el diputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, presidente de JURI, molesto por la filtración del informe.

Todo el trámite del suplicatorio es necesario para reactivar el proceso de intentar extraditar a los tres eurodiputados a España. La Justicia belga dejó en pausa su caso hasta que la Eurocámara se pronuncie sobre el tema, pues al tener inmunidad reconocida ahora mismo los tribunales de Bruselas no podían ni querían proceder. Aceptar el suplicatorio era un paso necesario, pero no forzosamente suficiente. La decisión corresponde al Tribunal, y hace apenas seis semanas rechazó por enésima vez la extradición de otro ex conseller, Lluis Puig. Él no es eurodiputado, pero está reclamado también. Su caso avanzó a otro ritmo, y el tribunal estimó que la petición española no podía ser atendida, pues consideró que el juez Pablo Llarena y el Supremo español no eran competente para cursar esa Euroorden.

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