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La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara avala levantar la inmunidad de Carles Puigdemont

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Propone al pleno que acepte el suplicatorio del Supremo para que el ex presidente catalán pueda ser extraditado y juzgado. La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha dado luz verde este martes al informe legal que recomienda atender el suplicatorio del Tribunal Supremo español para levantar la inmunidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.

Los 25 miembros de la comisión, presidida por Adrián Vázquez, de Ciudadanos, han respaldado el documento firmado por el diputado búlgaro Angel Dzhambazki,, en el que se insta al pleno de la cámara a votar a favor también. El resultado ha sido 15 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones. La pelota pasa al pleno de la cámara, que se pronunciará en la segunda semana de marzo.

La decisión de la comisión, en la que hay cinco españoles -dos del PP, dos del PSOE y el propio Vázquez- y que se ha reunido en la sala Loyola de Palacio, es un paso necesario, pero no suficiente ni vinculante, para concluir el proceso abierto formalmente en enero de 2020, a los pocos días de que Puigdemont y Comín recogieran su acta tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Normalmente es un camino lento, pero la pandemia del coronavirus y las complicaciones inherentes al caso han alargado todavía más cada uno de los pasos. Ahora queda que el pleno, los 705 eurodiputados, se pronuncien en cuanto pase al orden del día, quizás incluso en la próxima sesión de marzo.

LAS NORMAS EUROPEAS

Lo visto hasta ahora, a pesar de la polémica y diversas quejas de la defensa, es muy habitual en Bruselas y Estrasburgo. En la pasada legislatura, la Eurocámara examinó 70 suplicatorios y sólo en cinco casos rechazó levantar la inmunidad.

Lo que hace la Comisión de Asuntos Jurídicos no es un examen jurídico del caso. No analizar si Puigdemont, Comín y Ponsatí son culpables o inocentes por los delitos por los que se les reclama en España.

Las normas dicen que se puede rechazar el suplicatorio únicamente si se considera que quieren juzgar a un diputado por sus opiniones o por sus acciones parlamentarias el ejercicio de sus funciones. O si se da un caso de fumus persecutionis, esto es, cuando se estima que la motivación del proceso es "perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución".

Sobre el papel, una petición de un tribunal de un Estado miembro para levantar la inmunidad para que unos diputados puedan ser juzgados por unos presuntos delitos cometidos antes incluso de que llegaran a las instituciones comunitarias debería ser un mero trámite. Pero nada es fácil o evidente en la cuestión catalana, como se ha visto desde finales de 2017.

CS, VOX Y PP CIERRAN FILAS

Que los grupos mayoritarios se hayan puesto de acuerdo en la comisión debería ser una buena pista de cara al voto en la sesión plenaria, pero cada voto es personal. Si hasta ahora todo ha sido más o menos técnico, el próximo movimiento será totalmente político. El resultado de hoy, con 15 votos a favor, ha sorprendido e inquietado en algunos rincones de la capital comunitaria.

En principio, los cuatro grandes grupos (populares, socialistas, liberales y conservadores) dicen que respaldan la medida, pero si todos hubieran hecho lo anunciado habrían sido 18 y no 15. Ha sido suficiente, pues una mayoría simple de 13 era suficiente. Pero genera algunos interrogantes de cara a la decisión final.

Vázquez, que ha agradecido a la labor de la comisión y criticado a "las enormes presiones, sin precedentes", sufridas por los funcionarios e integrantes, cree que la conclusión del proceso muestra la solidez de la institución: "Hemos cumplido lo que dijimos: que no sería un circo".

Las fuerzas políticas, con Vox, Ciudadanos y el PP a la cabeza, se están moviendo a nivel interno para cerrar filas. Los socialistas, en principio, también, pero sus mensajes buscan menos repercusión estos días, intentando generar las menores fricciones posibles.

"Ha quedado demostrado que la inmunidad parlamentaria no procede en estos tres casos puesto que los hechos por los que Puigdemont, Comín y Ponsatí son procesados ocurrieron antes de que se convirtieran en eurodiputados y, además, no están vinculados a su ejercicio como miembros de esta institución.

El Parlamento Europeo no puede convertirse en un refugio de impunidad de aquellos que atacan el estado de derecho en un país miembro de la UE, dañando así la estabilidad del conjunto de la Unión", ha apuntado el popular Esteban González Pons tras emitir su voto, junto a a su compañero Javier Zarzalejos. "El planteamiento está soportado por una mayoría en principio más que suficiente y será algo similar lo que pase el pleno del Parlamento. Las instituciones tienen que funcionar con normalidad y la Justicia española será ante la que los señores encausados tendrán que responder en un proceso de normalidad como el resto de ciudadanos", ha coincidido el socialista Iban García del Blanco.

En los últimos meses, el entorno de Pugidemont y sus ex consejeros ha estado muy callado, con un perfil bajísimo. No querían escándalos, polémicas, ni ruido. Preferían trabajar en la sombra con el argumentario que han desarrollado estos meses: es un juicio político, en España no hay garantías ni separación de poderes, la inmunidad no debería ser levantada, el franquismo nunca se ha dejado atrás en España.


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