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La Guardia Civil y la Intervención General de la Administración del Estado firman un protocolo antifraude a nivel europeo

2020 10 13 PROTOCOLO IGAE

El documento refuerza la cooperación entre ambas instituciones con una comunicación más ágil ante los casos de fraude. El protocolo promueve además el asesoramiento y la formación conjunta para la prevención y la lucha contra el fraude de los intereses financieros de la Unión Europea

 La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el Interventor General de la Administración del Estado (IGAE), Pablo Arellano, han firmado hoy un Protocolo General de Actuación para la coordinación y cooperación en materia de fraude a los intereses financieros de la Unión Europea.

La relación de la Guardia Civil con el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) –integrado en la IGAE- ha sido desde sus inicios muy estrecha y fluida. Este protocolo refuerza su interrelación tanto en materia de formación como de colaboración en las actuaciones e investigaciones que se llevan a cabo en el ámbito del fraude a intereses de la Unión Europea.

Con esta firma, se aumenta la cooperación y coordinación entre ambas instituciones mediante tres mecanismos de colaboración: un canal ágil de comunicación para la transmisión de información sobre casos de fraude; la ejecución conjunta de investigaciones de relevancia administrativa o penal así como el asesoramiento en materia específica de cada organismo; y la formación conjunta para la prevención y lucha antifraude 

La lucha contra los delitos económicos es una prioridad para la Guardia Civil,  especialmente contra los fraudes a la Hacienda Pública y a los intereses de la Unión Europea. Para esta tarea es esencial la coordinación con otras instituciones.

Por su parte, el SNCA realiza actuaciones de investigación administrativa de posibles irregularidades y casos de fraude que afectan a los intereses financieros de la UE. 

En este sentido, el SNCA tiene en marcha un canal específico para que cualquier persona que tenga conocimiento de posibles fraudes o irregularidades en relación con operaciones financiadas con fondos de la UE, lo pueda denunciar.

Las actividades ilícitas cometidas contra los intereses financieros de la Unión, constituyen un fraude en el gasto de la política de cohesión. Además, reducen los recursos de las administraciones y perjudican directamente los derechos de los ciudadanos, causando un perjuicio a la sociedad.

El Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea y la lucha contra el fraude de 2019, expone que durante el año pasado se notificaron 939 irregularidades fraudulentas, con un importe asociado aproximadamente de 461,4 millones de euros. 

Durante el 2019, la Guardia Civil lideró junto a EUROPOOL la operación OPSON IX contra el fraude agroalimentario en la que la OLAF dirigió y coordinó la acción específica destinada a garantizar el cumplimiento tributario relativo al vino y las bebidas alcohólicas.

En esta operación, la Guardia Civil detectó más de 900 infracciones administrativas y 23 infracciones penales, con un balance de 19 personas detenidas y 40 investigadas, a los que se les imputan delitos contra la salud pública, falsedad documental, contra los consumidores y estafa.

Entre las principales operaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil destacan:

  • - Operación AÑEJA en la que se desarticuló una organización criminal dedicada a la falsificación de bebidas alcohólicas de diferentes marcas y su distribución posterior, consiguiendo identificar a los responsables de cada uno de los procesos realizados en la actividad delictiva: fabricación, depósito, precinto y distribuidores. Se procedió a la investigación de 14 personas y a la aprehensión de 21.060 botellas valoradas en más de 316.000 euros.
  • - Operación VEZA: en la que se han realizado numerosas investigaciones en relación a  irregularidades en la solicitud de las ayudas de la PAC (Política Agraria Comunitaria), consistentes en la utilización de la fincas de terceros, sin su conocimiento ni autorización, para solicitar/percibir las ayudas mencionadas.

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