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La Guardia Civil declara desierto el concurso para la compra de sus primeras pistolas 'Taser'

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La única empresa que ha pujado por el contrato incumplía el pliego de condiciones al no incluir la funda del dispositivo en la muestra presentada. La Guardia Civil quería incorporar un mínimo de 150 unidades en el primer trimestre del 2021. 

La Dirección General de la Guardia Civil ha declarado desierto el procedimiento de licitación que tramitaba para incorporar su primeras pistolas de efectos eléctricos incapacitantes -conocidas como ‘Taser’- al presentar la muestra «de manera incompleta» la única empresa que había presentado oferta y no ser legalmente subsanable esta deficiencia. De esta forma, el Cuerpo tendrá que convocar ahora un nuevo concurso y se retrasará la incorporación de este armamento respecto a los plazos inicialmente previstos.

La Jefatura de Asuntos Económicos publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el pasado 12 de octubre el anuncio por el que abría el plazo de recepción de propuestas para el suministro de un mínimo de 150 dispositivos. El presupuesto ascendía a 454.929,75 euros (impuestos incluidos), lo que arrojaba un precio unitario de salida de 3.000 euros.

En su reunión del pasado 24 de noviembre, la mesa de contratación acordó por unanimidad excluir a la empresa Nidec SLU, lo que abocaba a resolver el procedimiento sin adjudicación. El motivo es que las muestras del único ofertante no incluían todos los elementos que se exigían en el pliego de prescripciones técnicas que reguló el concurso, concretamente la funda para la pistola.

Con esta propuesta sobre su mesa, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, firmó electrónicamente el pasado 9 de diciembre la declaración de desierto, por lo que se complica la posibilidad de que el Cuerpo cuente con estos dispositivos durante el primer trimestre de 2021. Éste era el plazo de ejecución del contrato previsto en el pliego.

La Guardia Civil considera que las pistolas de efectos eléctricos incapacitantes son «idóneas» tanto por «sus características técnicas» como por su «capacidad intimidatoria», lo que las convierte en un «elemento disuasorio muy importante». «Permitirá graduar el uso de la fuerza y utilizarlas como solución intermedia al arma de fuego para afrontar situaciones de riesgo elevado tanto para los agentes de la Guardia Civil como para terceras personas», justifica en el pliego.

Junto con los dispositivos, el Instituto Armado solicitaba también el suministro de 2.100 cartuchos de diferentes tipos (450 para uso en condiciones de aproximación, 450 para entorno próximo, 600 para entrenamiento y 600 de munición inerte) y 150 videocámaras de grabación. Éstas se activan automáticamente al inicio de la intervención y pueden captar incluso hasta dos minutos antes de que comience la actuación policial, por lo que las imágenes pueden presentarse como prueba en un proceso judicial al no ser manipulables.

«Los impulsos generados por el dispositivo interfieren las señales nerviosas que se transmiten al sistema muscular y sensorial para obtener una incapacitación mediante una corriente eléctrica pulsante entre los electrodos durante el tiempo de exposición. Están equipadas, además, de un dispositivo que permite documentar gráficamente las intervenciones en las que se ha utilizado, resultando un apoyo muy efectivo para los agentes en posteriores declaraciones en sedes judiciales», destaca.


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