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El coronel de los Cobos solicita al juez que ordene a Interior reponerle en el puesto del que se le cesó ilegalmente

de los cobos

El coronel Diego Pérez de los Cobos ha remitido un escrito al juez de la Audiencia Nacional, que consideró ilegal su cese, en el que pide que ordene al Ministerio del Interior que le reponga ya en el puesto de jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

El escrito dirigido a la Audiencia Nacional pide aplicar la posibilidad que contempla la ley de que se ejecuten las sentencias que aún no son firmes. En este caso, la Abogacía del Estado recurrió la decisión del Juzgado Central de lo Contencioso número 8 de la Audiencia de anular la destitución.

El recurso debe ser resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativode la Audiencia. Esta decisión, a su vez, podrá ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Uno de los argumentos del escrito presentado por el abogado Carlos Aguilar es que si se espera a que concluya el trámite judicial, para cuando se haya dicho la última palabra Pérez de los Cobos estará ya en situación de reserva, a la que pasará en 2024, cuando cumpla los 61 años. No se podría cumplir ya la orden de reponerle que contenía la sentencia, que acabaría resultando "ilusoria".

SIN OBSTÁCULOS

El letrado del mando de la Guardia Civil recuerda también que al inicio del procedimiento la Abogacía del Estado se opuso a la petición de dejar en suspenso en cese alegando que una eventual sentencia en contra de Interior podía ejecutarse.

Ese escenario es el que se ha producido y pide que se cumpla con la previsión del abogado del Estado, al que el juez trasladará ahora la petición de Pérez de los Cobos para que se pronuncie.

El escrito indica que no se dan los requisitos que podrían impedir la ejecución provisional, ya que la reposición no generaría una situación irreversible ni un perjuicio de imposible reparación.

La sentencia del juez central de la Audiencia concluyó que el cese era ilegal porque se debió a la negativa de Pérez de los Cobos de informar de la investigación del 8-M -que afectaba a la delegado del Gobierno- pese a que la juez que investigaba había ordenado no reportar a los superiores, dada la repercusión política del asunto.

"ILÍCITO PENAL"

La propuesta de cese que ratificó el ministro Fernando Grande-Marlaska indicaba que se producía porque el coronel no había proporcionado datos de la causa "con fines de conocimiento".

"No constando en modo alguno qué información se consideraba que debería haber comunicado el recurrente en su condición de jefe de la Comandancia de Madrid", afirma el juez Celestino Salgado en su sentencia, "no podemos concluir más que el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban tanto a la UOPJ [Unidad Orgánica de la Policía Judicial] como a sus superiores, no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso; lo que, entre otras cosas, podría haber sido constitutivo de un ilícito penal".


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