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El Tribunal Supremo advierte al Gobierno que no se dan las las razones que prevé la ley -justicia, equidad, utilidad pública y arrepentimiento- para indultar a los presos del 1-O

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Los magistrados que celebraron el juicio del 'procés' resaltan que no existe "la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento" en los condenados.

El Tribunal Supremo se opone rotundamente a conceder cualquier forma de indulto, incluso el parcial, a los 12 condenados en el juicio del procés. Muy al contrario, los magistrados consideran que la medida de gracia sería una "solución inaceptable", ya que no se da en este caso ninguna de las tres razones que prevé la ley -justicia, equidad y utilidad pública-, para la concesión de un indulto.

El tribunal resalta que no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas que se impusieron por sedición, malversación y desobediencia. Tampoco ve indicio alguno de arrepentimiento que abra la puerta a la medida de gracia: "Esta Sala no puede hacer constar en su informe la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento".

Los magistrados señalan que las peticiones de indulto presentadas en nombre de los condenados pretenden que el Gobierno "corrija la injusticia" que en su opinión supuso la sentencia condenatoria del Supremo. "Y no es éste, desde luego, el sentido y la finalidad del indulto", señala el informe dirigido al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, responsable de llevar el asunto al Consejo de Ministros.

El Supremo considera que los motivos invocados para respaldar la extinción total o parcial de la pena pierden cualquier justificación "cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos".

El informe, del que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, concluye que la pena sólo deja de ser necesaria cuando ha cumplido con la finalidad que legitima su imposición. Así, "la constatación del fracaso de los fines de prevención especial [disuadir al condenado de la comisión de delitos], apreciable sin necesidad de mayores esfuerzos argumentales, obliga a rechazar el indulto solicitado a favor de los condenados".

"La Sala no se aferra a concepciones ya obsoletas acerca del significado de la resocialización del penado, sobre todo, cuando éste no comparte ni se identifica con los valores sociales hegemónicos", prosiguen los magistrados, "pero esta idea no es incompatible con la aceptación de que una sociedad pluralista, inspirada en valores democráticos, puede exigir mediante la imposición de una pena que la ruptura de las bases de la convivencia nunca sea el fruto de una decisión unilateral, apoyada en la engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo Estado que sólo existe en la imaginación de sus promotores".

El tribunal destaca que los condenados no han contribuido a justificar las razones de justicia, equidad o utilidad pública que legitimarían el ejercicio del derecho de gracia y que no puede hacer constar en su informe "la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento".

"Ni siquiera flexibilizando ese requerimiento legal y liberando su exigencia de la necesidad de un sentimiento de contrición por el hecho ejecutado, podríamos atisbar una voluntad de reencuentro con el orden jurídico menoscabado por el delito. El mensaje transmitido por los condenados en el ejercicio del derecho a la última palabra y en sus posteriores declaraciones públicas es bien expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática, asumiendo incluso que la lucha por su ideales políticos -de incuestionable legitimidad constitucional- autorizaría la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes, la sustitución de la jefatura del Estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía", subrayan los magistrados.

El informe del Supremo es tan duro como el presentado por los cuatros fiscales del Supremo que ejercieron la acusación. En su informe, la fiscalía planteaba una objeción que podía llevar a la imposibilidad legal de conceder los indultos. En el escrito remitido a Justicia, también el Supremo da pábulo a esa interpretación.

La Constitución impide expresamente que el Gobierno se conceda indultos. El Supremo ve razonable interpretar que eso podría extenderse a gobiernos autonómicos. Y más aún cuando los partidos de esos gobernantes son el sustento del ejecutivo central.

"La Sala coincide con la idea de que la finalidad del art. 102 de la Constitución no es otra que la de impedir medidas de autoindulto", dice. En cuanto a la dificultad de extender a las autonomías lo que la Constitución indica sobre el Gobierno central, el informe considera que habría que verlo "desde la singular perspectiva que ofrece el presente caso, en el que algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia".

Tras respaldar ese argumento, el tribunal indica que no le corresponde resolver sobre ello. Quien sí podría hacerlo es otra Sala del TS, al de lo Contencioso-Administrativo, que será la que resuelva los recursos que puedan presentarse frente a los indultos.

El informe cita a Jordi Cuixart, que en su respuesta a la Sala afirmó que todo lo que hizo lo volvería a hacer porque no cometió ningún delito. Esas palabras son para el tribunal "la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal. De hecho, expresan una actitud antidemocrática, en la que la propia conciencia y el compromiso social que cada ciudadano suscribe le autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia, a convertir en ineficaces las resoluciones dictadas por los Jueces y Tribunales de un determinado territorio, a sortear las vías legales de reforma de un sistema jurídico y, en fin, a vulnerar los derechos fundamentales de aquellos otros ciudadanos que no comulguen con esos principios o esa conciencia individual".

El informe recuerda que el tribunal quiso oír la opinión de los condenados sobre el indulto, ya que no habían sido ellos directamente los que lo habían solicitado. La mayor parte, salvo Jordi Cuixart y Santi Vila, no informaron, con lo que privaron a la Sala de la valoración de "elementos decisivos".

La ley exige que los indultos planteados por terceros se presenten en nombre de los afectados, por lo que ese silencio al respecto podría interpretarse como "un impedimento formal" a seguir tramitando la medida de gracia. Pese a ello, los magistrados hacen una interpretación favorable a los presos y dan por hecho que el silencio equivale a la reivindicación de que se extingan sus penas mediante el indulto.

Y lo hacen pese a que, "por razones estratégicas de una u otra naturaleza, esa voluntad no llegue a exteriorizarse públicamente o, en algún supuesto singular, se llegue a sugerir de manera indubitada un rechazo a esa medida impetrada por otros, por lo que pudiera suponer de aceptar un perdón por lo que se entiende que no debe ser perdonado". En otros casos, añaden, "la indiferencia o indolencia, aparente y puramente fingida o real, sitúe a algunos penados en las antípodas de lo que en abstracto sería la actitud que cabe esperar de quien aspira a ser indultado con arreglo a los parámetros perfilados normativamente".

Añade que tampoco facilita su tarea la actuación de la administración penitenciaria, que "desde el primer momento del cumplimiento de la pena y en la elaboración de los informes unidos al expediente, bajo la apariencia de una valoración diferenciada, ha unificado de forma contumaz el régimen y tratamiento de 'los presos del procés' sin atender a la evolución personal e individualizada de cada uno de ellos".

Ese criterio institucional -añaden los magistrados- "con visible distanciamiento de los requerimientos legales y que ha tenido que ser corregido una y otra vez por esta Sala, ha entorpecido de forma notable el cumplimiento de los fines de la pena, alimentando la ficción de un sujeto colectivo, que sería titular del derecho a la progresión en grado y, ahora, del derecho al indulto"

El informe aborda también que varias de las solicitudes de indulto esgrimen la desproporción de las penas por un delito contra el orden público. La Sala recuerda que su sentencia proclamaba "con nitidez" que el delito de sedición es algo más que un delito contra el orden público. "Lo que el hecho probado de nuestra sentencia declara -por más que lecturas parciales e interesadas reiteren lo contrario- no es identificable con el simple desbordamiento de los límites del orden público. Antes al contrario, lo que describe el juicio histórico es un ataque a la paz pública y a la observancia de las leyes y resoluciones como fundamento de la convivencia en el marco constitucional".

Por ello el tribunal considera que el enfoque tiene que ser distinto cuando lo que está en juego "no es la preservación del orden público, sino la solidez de los pilares sobre los que se asienta la convivencia democrática".

La Sala analiza los tipos penales vigentes en sistemas extranjeros que podrían aplicarse a hechos como los del 1-O. Su conclusión es que desde el derecho comparado también debe rechazarse que se haya quebrado el principio de proporcionalidad.

En relación con la pena por malversación de caudales públicos impuesta a algunos condenados, los magistrados consideran "más que evidente" que en cualquier sistema penal democrático "la aplicación de fondos públicos a fines ilícitos, mediante actos expresivos de la deslealtad en el manejo de caudales públicos, constituye un delito al que se asocian graves penas privativas de libertad".

En cuanto a los tres condenados únicamente a desobediencia, con penas de inhabilitación y multa, el informe no ve motivos para el indulto, porque las penas fueron proporcionadas y porque el tiempo que ya ha pasado desde la sentencia junto al pago de las multas, supondría que la medida de gracia no tendría ya consecuencias.


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