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La Enfermedad de Alzheimer. ¿Es el precio de una larga vida?

La Enfermedad de Alzheimer, también conocida como Demencia Senil de Tipo Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo progresivo que hace que el cerebro se encoja (atrofia) y que las neuronas cerebrales mueran.

La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia, que cursa con un deterioro continuo en el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales y que afecta la capacidad de una persona para vivir de forma independiente. De los aproximadamente 50 millones de personas con demencia en todo el mundo, se estima que entre el 60 % y el 70 % padecen enfermedad de Alzheimer.

A pesar de que es la forma más frecuente de demencia, es importante destacar que la Enfermedad de Alzheimer no es la única.

Las demencias primarias son las que están provocadas por enfermedades degenerativas que afectan al sistema nervioso. Entre las demencias primarias, es importante nombrar aparte de la Enfermedad de Alzheimer: La Enfermedad por cuerpos de Lewy, la Demencia Frontotemporal y la Demencia asociada a la Enfermedad de Parkinson.

Las demencias secundarias son aquellas producidas por una enfermedad conocida, de tipo vascular, inflamatoria (esclerosis múltiple…), infecciosa (VIH), hidrocefalia, tumoral, traumática o endocrino-metabólica (hipotiroidismo, déficit de vitamina B12…).

 

¿Qué ocurre en la neurona?

Mucho se ha avanzado en el conocimiento de la fisiopatología de esta enfermedad. La causa final de la enfermedad de Alzheimer se desconoce, excepto en aquellos casos en que existe un componente genético y existen antecedentes familiares de enfermedad de Alzheimer. A nivel genético se sospecha de la participación de mutaciones en el gen APP, de la proteína precursora de amiloide, así como en el gen ApoE, vinculado a la producción de proteínas que regulan el colesterol.

En la enfermedad de Alzheimer, dos proteínas (la beta amiloide y la tau hiperfosforilada) se depositan en el cerebro de manera precoz, incluso antes de la aparición de los primeros síntomas.

Estas proteínas forman agregados en forma de placas y ovillos que se depositan alrededor de las neuronas, causando daño neuronal.

 

¿Y a nivel cerebral?

La demencia producida por la enfermedad de Alzheimer provoca una serie de efectos en el encéfalo que termina por provocar los síntomas.

En este sentido destaca la progresiva reducción del nivel de acetilcolina en el cerebro, uno de los principales neurotransmisores cerebrales implicados en la comunicación neuronal y que influye en aspectos como la memoria y el aprendizaje. Dicha disminución en los niveles de acetilcolina provoca una degradación progresiva en las estructuras cerebrales.

En la enfermedad de Alzheimer la degradación de estructuras empieza en los lóbulos temporales y parietales, para ir a lo largo del curso del trastorno avanzando hacia el frontal y poco a poco hacia el resto del encéfalo. Con el tiempo se reduce la densidad y masa neuronal, dilatándose los ventrículos para ocupar el espacio dejado por la pérdida neuronal.

 

¿Cuáles son los síntomas?

La edad en que suele debutar la Enfermedad de Alzheimer es alrededor de los 60 años avanzando inexorablemente hacia un deterioro progresivo de las facultades mentales cada vez mayor. Se suelen distinguir tres fases:

Una primera fase de inicio de los problemas en la que el paciente empieza a experimentar pequeños problemas de memoria. Le cuesta recordar lo que acaba de hacer o comer, así como retener nuevas informaciones (dicho de otro modo, padece amnesia anterógrada). Esta primera fase de la enfermedad de Alzheimer puede durar hasta cuatro años.

Una segunda fase de pérdida progresiva de capacidades. Esta fase se caracteriza por la aparición del síndrome afaso-apraxo-agnósico, junto a la aparición de la amnesia retrógrada. Es decir, el sujeto empieza a tener problemas de comprensión y emisión de lenguaje más allá de la anomia, así como a tener severas dificultades para realizar actividades secuenciadas y a reconocer objetos, personas y estímulos, además de comenzar a tener problemas para recordar hechos pasados (hasta ahora las pérdidas de memoria se refieren principalmente a sucesos que acababan de suceder y que no eran retenidos).

 Una tercera fase o fase avanzada de la enfermedad. Durante la tercera y última fase de la enfermedad, el deterioro del individuo resulta especialmente intenso y evidente. La pérdida de memoria episódica puede llegar a remontarse a la infancia. También existe pérdida de memoria semántica. El sujeto deja de reconocer a sus familiares y seres queridos e incluso es incapaz de reconocerse a sí mismo en una imagen o un espejo.

Suelen tener una afasia extremadamente grave que puede terminar en mutismo total, así como descoordinación y alteraciones de la marcha. Hay una pérdida de autonomía total o casi total, dependiendo de cuidadores externos para sobrevivir y no siendo capaces por sí mismos y se pierden las habilidades básicas de la vida diaria, teniendo dependencia total de cuidadores externos. Es frecuente que aparezcan episodios de inquietud y alteraciones de personalidad.

Pueden aparecer también hiperfagia y/o hipersexualidad, falta de temor ante la estimulación aversiva y episodios de ira.

¿Hay tratamiento?

La industria farmacéutica ha destinado muchos recursos en el tratamiento de esta enfermedad sin haber, hoy en día, hallado un tratamiento curativo. En mi larga carrera como monitor de ensayos clínicos (CRA-Clinical Research Associate) he conducido varios ensayos clínicos en esa patología. Desde los iniciales en los años 90 del pasado siglo con fármacos bloqueadores de los canales del calcio (cinarizina y nimodipino), que pretendían favorecer el riego sanguíneo a nivel cerebral hasta los últimos, ya con mayor conocimiento de la fisiopatología con anticuerpos monoclonales.

Recientemente, el Dr. José María Frade, un investigador del CSIC funda la empresa Tetraneurón con el objetivo de investigar una cura definitiva de la enfermedad de Alzheimer. Esta compañía española, está desarrollando una innovadora y disruptiva terapia génica multifactorial para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, así como un biomarcador para la detección precoz de esta terrible enfermedad. Una única dosis del fármaco aplicada intratecalmente en la Cisterna Magna, frenaría completamente el avance de la enfermedad. Es una apuesta prometedora que aún está en fases preliminares o preclínicas y que deseamos la mejor suerte.

A nivel clínico-farmacológico actualmente se tiende a emplear diferentes inhibidores de la acetilcolinesterasa, una enzima que degrada la acetilcolina cerebral. De este modo, se logra que la acetilcolina se encuentre durante más tiempo presente en el cerebro, prolongando su funcionamiento óptimo.

Concretamente se usa el donepezil como tratamiento en todas las fases de la enfermedad de Alzheimer, mientras que en las etapas iniciales suele recetarse rivastigmina y galantamina. Estos medicamentos han demostrado ser capaces de retrasar el avance de la enfermedad alrededor de medio año.

A nivel psicológico suele emplearse la terapia ocupacional y la estimulación cognitiva como principales estrategias para frenar el ritmo del deterioro. Asimismo, la psicoeducación es fundamental en los primeros compases de la enfermedad, cuando el paciente es aún consciente de la pérdida de facultades.

No es infrecuente que los individuos a los que se indica que se padece una demencia sufran episodios de tipo depresivo o ansioso. De este modo, el clínico debería evaluar el efecto que tiene sobre el sujeto la notificación del problema.

Se ha de trabajar también con el entorno familiar, asesorándoles de cara al proceso de deterioro que va a seguir el paciente, su pérdida de autonomía e indicando estrategias válidas para afrontar la situación.

 

¿Podemos prevenir el Alzheimer?

Teniendo en cuenta que las causas de la enfermedad de Alzheimer son todavía desconocidas y que su tratamiento se basa en frenar o reducir los síntomas, se hace necesario tener en cuenta factores vinculados al trastorno con el fin de poder realizar tareas de prevención.

Como hemos dicho, la vida sedentaria supone un factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. El ejercicio físico se ha mostrado un excelente mecanismo de prevención, dado que ayuda a fortalecer tanto el cuerpo como la mente, siendo útil en una gran cantidad de trastornos.

Teniendo en cuenta que otro de los factores de riesgo incluye colesterol alto, diabetes e hipertensión, el control de la alimentación se hace un elemento preventivo de gran importancia. Es de gran utilidad tener una dieta rica y variada con pocas grasas saturadas.

Otro aspecto para tratar es el nivel de actividad mental. Ejercitar el cerebro supone fortalecer la capacidad de aprendizaje y las conexiones neuronales, con lo que leer o aprender cosas nuevas (no necesariamente conocimientos teóricos técnicos) puede ayudar a frenar la sintomatología o a que esta no aparezca.

Por último, uno de los elementos fundamentales de la prevención es la detección temprana de los síntomas. Dado que con la edad es común la pérdida de memoria sin necesidad de la implicación de una demencia, no es raro que los primeros indicios de la enfermedad de Alzheimer sean ignorados.

Si las quejas de memoria son muy frecuentes y se acompañan de otras alteraciones del comportamiento y/o otras facultades, sería recomendable acudir a un centro médico donde pudiera evaluarse el estado del paciente. También hay que prestar atención en los casos de deterioro cognitivo leve, que en ocasiones puede progresar hasta convertirse en diferentes demencias (entre ellas la derivada de la enfermedad de Alzheimer).

 

 

 

 

 

 

Albert Mesa Rey
CRA (Adjunto de Investigación Clínica en fármacos y productos sanitarios)

Las faltas de desconsideración

Graciela rodriguez

 

En los artículos 8.6 y 9.1 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil (en adelante, LO 12/2007) se contemplan dos tipos de faltas – una leve y otra grave – para los supuestos en que un miembro de la Guardia Civil haya incurrido en la denominada desconsideración en según qué supuestos, hacia según qué sujetos pasivos, y en según qué contexto.

Las denominadas faltas de desconsideración se contemplan con un muy breve margen de diferencia en su redacción, que provoca la ubicación de una de ellas en el catálogo de faltas leves, y a la otra en el catálogo de las graves.  Esta delgada línea que separa a una y a otra, merece que se indague sobre cuándo realmente podemos estar frente a una u otra, por cuanto como ya se ha tenido ocasión de apuntar, difieren los distintos tipos de sanciones a aplicarse en función del tipo de falta en que se ha incurrido. Así, de conformidad con el art. 11 de la LO 12/2007, para las faltas graves se prevé desde la suspensión de empleo de un mes a tres meses, pérdida de cinco a veinte días de haberes con suspensión de funciones o pérdida de destino, mientras que para las faltas leves se prevé la sanciones de reprensión o pérdida de uno a cuatro días de haberes con suspensión de funciones.

Pues bien, atendiendo a las graves consecuencias a nivel disciplinario que puede acarrear la falta grave de desconsideración, se hace necesario discernir cuándo realmente nos encontramos frente a la falta de desconsideración meramente leve, y cuándo frente a la grave, por cuanto en su redacción son prácticamente idénticas, pudiendo generar confusión a la hora de abrirse partes disciplinarios y calificar los hechos. Así, de conformidad con el art. 8.6 de la LO 12/2007, constituye falta grave: “La grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o ciudadanos en el ejercicio de sus funciones, con ocasión de ellas o vistiendo de uniforme.” A su vez, de acuerdo con el art. 9.1 de la LO 12/2007, constituye falta leve: “La desconsideración o incorrección con los superiores, compañeros, subordinados o ciudadanos en el ejercicio de las funciones, con ocasión de aquéllas o vistiendo de uniforme.”

Para comprender la naturaleza, el alcance y los elementos que integran ambas conductas, se hace preciso acudir como siempre a la interpretación que de los mismos ha venido realizado la Sala Quinta de lo Militar de nuestro Tribunal Supremo, en las ocasiones – muy recientes incluso – en que ha tenido ocasión de pronunciarse.

En primer lugar, debemos partir de lo que el Tribunal Supremo entiende a estos efectos por desconsideración, siendo esta la conducta que abarca: los malos modos, las faltas de deferencia, el exceso de confianza, ofensas verbales o físicas, tonos elevados de voz y exabruptos y formas irrespetuosas en la doble aceptación de falta de acatamiento a lo que se dispone, y de falta de observación de la consideración debida. El de desconsideración es un concepto empleado desde la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 5ª, Sección 1ª) núm. 3/2020 (recurso núm. 44/2019), de 23 de enero de 2020, y reiterado en la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 5ª, Sección 1ª) núm. 74/2021 (recurso núm. 54/2020), de 20 de julio de 2021.

En cuanto a la finalidad perseguida por el legislador en contemplar estos dos tipos disciplinarios no es otra que propiciar un comportamiento ejemplar por los miembros de la Benemérita hacia los ciudadanos, que al fin y al cabo redunda en el prestigio de la Institución ante la ciudadanía, y en el ámbito interno, fomentar el respeto y la consideración que deben guardarse entre todos sus miembros observando dado el carácter militar de la Institución, no sólo el bien jurídico de la disciplina, sino también el no menos importante valor del compañerismo, en que a su vez se sustenta la cohesión y la unión de la Guardia Civil y de quienes la integran (STS 72/2021, de 20 de julio de 2021). Sobre la cuestión del compañerismo entre los miembros de la Guardia Civil, es un concepto que desde su inicio a presidido las relaciones entre los militares, como uno de los valores superiores de su comportamiento. Como recuerda la STS de 17 de febrero de 2012, ya en el art. 35 de las Reales Ordenanzas se exigía a todo militar profesar “un noble compañerismo, sólo supeditado al bien del servicio”, principio que posteriormente ilustra la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera militar, cuando al fijar las normas básicas del comportamiento del militar, se dispone que este se comportará en todo momento con lealtad y compañerismo, valor este último que luego se reproduce en el art. 6 de la LO 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Igualmente, el art. 10 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas (Rea Decreto 96/2009, de 26 de febrero), establece que el militar debe comportarse en todo momento con lealtad y compañerismo, en el entendido de que el compañerismo es la forma de expresa la voluntad de asumir solidariamente con los demás, el cumplimiento de las misiones encomendadas, contribuyendo con ello a la unidad de las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, es doctrina constante en nuestro Tribunal Supremo la de que el criterio delimitador entre ambos tipos disciplinarios es la gravedad de la conductas por lo que habrá de atenderse a cada caso concreto, y se trata en todo caso de tipos disciplinarios que tienen dos vertientes: una proyección ad extra en las relaciones con los ciudadanos, contemplándose a estos expresamente como sujetos pasivos o víctimas del tipo disciplinario, así como una proyección ad intra, es decir, entre los propios miembros de la Guardia Civil, sean estos superiores, compañeros o subordinados. En esta última proyección de carácter interno, la conducta que se sanciona excede la mera falta de cortesía e incide con claridad sobre los bienes jurídicos de cohesión y unidad de la institución. En cuanto al sujeto activo – quien realiza la acción contemplada por el tipo disciplinario – es preciso que concurra en aquel alguna de las tres circunstancias contextuales, o todas a la vez, esto es: que cometa la acción vistiendo de uniforme, o en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de aquellas, o que acumuladamente, concurran las tres circunstancias al mismo tiempo.

Por otra parte, en cuanto a la acción, se trata de una actuación que por las formas o por su contenido, menoscabe la consideración, honor, bien nombre o prestigio del sujeto pasivo. Asimismo, requiere para su apreciación e incardinación en el tipo disciplinario, que se actúe con un plus que exceda del respeto y buen modo en las formas que exige tanto la cortesía, como la disciplina militar, incurriéndose con ello en una falta de respeto. La desconsideración o incorrección equivalen a una falta de cortesía, respeto, mesura, comedimiento e incluso de urbanidad, en resumen, en referencia al “buen modo” a que deben atenerse los miembros de la Benemérita tanto en sus relaciones externas con los ciudadanos, como en sus relaciones de carácter interno, tanto con subordinados, iguales y superiores (STS 72/2021, de 20 de julio de 2021). Sobre el referido “buen modo” debemos retrotraernos al propio origen de la Institución, pues en los arts. 2 y 3 de la Cartilla de la Guardia Civil además de contemplarse los buenos modales como características propias de sus miembros, se dispone expresamente que las vejaciones, malas palabras y los malos modos, nunca deberán usarlos ningún individuo que vista el uniforme de la Guardia Civil.  

Como sigue insistiendo la STS 72/2021, ambos tipos disciplinarios sancionan el comportamiento desconsiderado o incorrecto en que pueden incurrir los miembros de la Guardia Civil, ya sea respecto a los ciudadanos o respecto a otros miembros del Cuerpo. Si el sujeto pasivo lo es un ciudadano, la norma disciplinaria protege la dignidad del ciudadano y el respeto que cualquier servidor público debe mostrar hacia él, actitud por otro lado del sujeto activo, en que se encuentran en juego el prestigio y la imagen de la propia Institución. Si por el contrario, el sujeto pasivo destinatario de la acción lo es un propio miembro de la Guardia Civil, además de protegerse la propia dignidad de dicho miembro, la conducta desconsiderada atenta contra la disciplina, la cohesión y el compañerismo.

Por último, de conformidad con la reciente sentencia del Tribunal Supremo (Sala 5ª, Sección 1ª) núm. 91/2021 (recurso núm. 25/2021) de 20 de octubre de 2021, los bienes jurídicos protegidos por ambos tipos disciplinarios son múltiples. Así, abarca tanto la disciplina militar como el principio de jerarquía de organización porque las singularidades de la Institución Militar, que radican en la disciplina, jerarquización y cohesión internas, justifican el hecho de la imposición de límites por el legislador en el ejercicio de ciertas libertades públicas y derechos fundamentales, restricciones que en todo caso traen causa de los principios de la organización castrense. Igualmente, se protege el comportamiento ejemplar de los miembros de la Guardia Civil para con los ciudadanos por cuanto la dignidad y prestigio de la Institución exige por norma un comportamiento ejemplar hacia la ciudadanía, así como se protege la jerarquía, disciplina y subordinación, principios estos a los que se sujeta la actuación profesional de los miembros de la Benemérita, y la unidad y cohesión del Instituto Armado, a través de la protección del valor sustancial del compañerismo al que anteriormente se ha hecho referencia. Del mismo modo, bien jurídico protegido por los tipos disciplinarios lo son el honor y el prestigio de la víctima o destinatario de la acción desconsiderada del sujeto activo del tipo.

 

Graciela Rodríguez
https://gracielarodriguezblog.wordpress.com/

La esclavitud en el Sahara español

esclavitud aeme

El dominio del hombre por el hombre ha sido un problema ético que filósofos y teólogos han tratado de analizar para encontrar una razón lógica a su existencia. Aristóteles enfoca el tema de manera que lo presenta como un hecho natural y así afirma: «Está claro que, por naturaleza, unos son libres y los otros esclavos. Y que a estos les conviene la esclavitud y es justa» (La política).

El dilema de la antigüedad de las fuerzas de seguridad Policía Nacional y Guardia Civil

hervas

 

Poco puedo añadir al artículo excelente de mi colega coronel Jesús Narciso Núñez Calvo, Guardia Civil y Doctor en Historia. Es uno de esos poquísimos artículos que me saben a poco. Su estructura, su bibliografía, su secuencia e incluso su estética literaria son magníficas. Por lo tanto, poco queda ya por decir, salvo una cosa: el por qué –de una manera indirecta– se trata de hacer daño a nuestra Guardia Civil, esa es la cuestión. ¿Es por su carácter militar? O puede que se deba a su hincapié en el Honor, la principal divisa de nuestra Guardia Civil, que enlaza de una manera inseparable la justicia con la ética, el deber con la moral, el respeto con la dignidad y la verdad con la convivencia.

¿Por qué no se insiste en ello, en lugar de crear enfrentamientos o competiciones absurdas? Pero el tema del daño ajeno en interés propio es antiguo como la vida misma y quien lo ejerce se vale de toda suerte de disimulos y connivencias que no vienen a cuento. Me recuerda un tema muy antiguo, el Hybris griego. ¿Qué es el Hybris? Pues la justificación delo injusto en beneficio propio: insolencia, desmesura, soberbia, orgullo, osadía, violencia, insulto, prepotencia… Era la justificación de los gobernantes en la Grecia Clásica para hacer lo que les venía en gana en beneficio propio. Gracias a ello se inventaron unos dioses a los que utilizaron como justificantes de la injusticia social (ciudadanos, metecos o extranjeros –ciudadanos solo parcialmente– y esclavos o ilotas, según Esparta), de los asesinatos, de los robos, guerras y “apartheid”, así como de toda suerte de negocios impresentables y maldades. No se echaban atrás con nadie. A Sócrates le dieron la cicuta, a Platón lo vendió como esclavo el tirano de Siracusa, por proponerle la democracia según su criterio (aristocracia no de sangre sino de conocimientos y capacidad), a Pitágoras y a Zenón de Elea los mataron. A este último, además, lo trocearon y se lo dieron a comer a los perros. Y muchos otros más. Sin embargo, a Aristóteles no lo entendían y lo dejaron en paz. Tal vez influyera el hecho de haber sido maestro de Alejandro Magno.

Pues estos que nos gobiernan, profundamente incultos, han descubierto el Hybris para justificar su ambición con un soporte de muy escasa capacidad. No me explico como pueden engañar a nadie, ya que se les ve venir a leguas de distancia. Y claro, para perpetuarse en el poder promocionan la ignorancia, la incapacidad, la idiocia, la vulgaridad y lo que no viene a cuento. Son gente muy retrógrada, nada progresista, por más que se lo llamen ellos a sí mismos. No se le ve salida a este camino. En parte la Historia nos lo recuerda. Para alcanzar el nivel cultural del siglo IV o V de Roma, tuvimos que llegar a los siglos XVII o XVIII, para llegar a ese nivel. Bueno, pues ahora está sucediendo algo parecido y no se le ve una salida fácil y ágil.

El problema de todo ello no es la competencia en antigüedad entre la Guardia Civil y la Policía Nacional o viceversa. El problema no es esa doctrina falsaria de la injusta Memoria Histórica. El problema no es la gestión económica injusta arreglada por otra más injusta todavía. El problema son dos cosas muy elementales: el egoísmo y la estupidez. El primero rige la ambición y el segundo las actuaciones. En lugar de gastar el dinero en sandeces y en sueldos mayestáticos de inútiles, lo mejor es pensar DE VERDAD en aquellos que lo necesitan, cosa que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil hacen, por el bien de España –o sea, de todos nosotros– y especialmente de quienes más ayuda necesitan, con unos sueldos ridículos y unas exigencias “in crescendo”.

Estas tonterías tienen un mal porvenir. Hitler fracasó, Lenin fracasó, Castro fracasó, Mao Tse-Tung fracasó. Y así sucesivamente todos los dictadores. ¿Qué esto no es una dictadura? Puede que todavía no, pero va camino de ello. Y resulta que el fundamento es el libro de un señor, Karl Marx, que mató de hambre a su familia. Buen comienzo.

Me niego por tanto a picar en esa estratagema tan burda de la antigüedad de Guardia Civil vs. Policía Nacional. Pero sí exijo para ambos cuerpos unos salarios más dignos, unas condiciones de trabajo mucho más justas, una ayuda sustancial a sus condiciones de vida (viviendas, economatos, etc.), una promoción de la calidad de su trabajo y del acceso responsable y justo a dichos cuerpos, unos medios de seguridad mucho más eficaces, una promoción constante de su trabajo en los medios, una ayuda para la escolarización de sus hijos, una asistencia sanitaria libre y variada, un soporte legal adecuado de sus actuaciones, con gabinetes jurídicos que los defiendan adecuadamente, unos ascensos justos y merecidos, un respeto a la intimidad de sus familias, una formación continuada adecuada y justa, una uniformidad costeada en todos los casos y muchas otras cosas más.

Sobran mariscos y sindicatos de cuentistas, politizados e irrelevantes. Sobra personal civil en las direcciones correspondientes, sobre todo porque ni están ni quieren estar entrenados. Y desde luego, sobra esa estupidez de la antigüedad, que no viene a cuento, sobre todo cuando se desfigura la verdad, sepa Dios con qué fines.

Pero es lo que hay y lo que pretenden perpetuar la cuadrilla de incapaces que nos gobierna. Tal vez tengamos que emigrar antes de que este país se convierta de nuevo en Al-Ándalus. Algunas regiones, como Cataluña, ya van camino de ello.

España, España. Juan de Fermoselle Encina (Juan del Encina; León, 1469–1529) fue sobre todo un músico, aunque también poeta, que en su tiempo recogió en un poema lo mismo que hoy podríamos decir:

Triste España sin ventura.
todos te deben llorar.
Despoblada d’alegría,
para nunca en ti tornar.

Tormentas, penas, dolores,
te vinieron a poblar.
Sembrote Dios de placer
porque naciese pesar.

Hizote de mas dichosa
para mas te lastimar.
Tus victorias y triunfos
ha se hovieron de pagar.

Pues que tal pérdida pierdes,
dime en qué podrás ganar,
pierdes la luz de tu gloria
y el gozo te gozar.

Pierdes toda tu esperanza.
no te queda que esperar,
pierdes Pritan alto
hijo de Reyes sin par.

Llora, llora, pues perdiste
quien te había de ensalçar.
En su tierna juventud
te lo quiso Dios llevar.

Llevote todo tu bien,
dexote su desear,
porque mueras, porque penes,
sin dar fin a tu penar.

De tan penosa tristura
no te esperes consolar.

No se puede describir mejor una situación como la que vivimos. Eso si, tenemos que reconocerlo: aquí se come y se bebe muy bien (por ahora). En fin, vamos a ello, que es lo único que nos va quedando, aunque algún que otro majadero le moleste la ganadería.

 

Francisco Hervás Maldonado
Coronel Médico
Excellence in Health Care Prize
Doctor Honoris Causa in Health Sciences

Siempre Guardia Civil, siempre Benemérita, también en Navarra

guardia civil navarra temporal

Os imagináis la escena, nueve de la mañana del lunes, un funcionario corre por la sede del Gobierno foral navarro y entra a la carrera y casi sin resuello en un despacho:

Principio y final de la Policia General del Reino (1824-1840) y creación de la Guardia Civil (1844)

 

guardia civil

 

Mucho se ha venido escribiendo en las dos últimas décadas sobre la Policia General del Reino, creada bajo el Régimen Absolutista de Fernando VII, y posiblemente se haya hecho en ocasiones con más corazón corporativo que con razón académica. Es por ello que tal vez sea positivo aportar algo de conocimiento al respecto.

Bastante podría escribirse sobre los antecedentes históricos de las instituciones de seguridad pública españolas, remontándonos incluso hasta la Santa Hermandad creada por los Reyes Católicos en 1476. Pero por centrarnos en la Policía General del Reino, diremos que sus antecedentes históricos se remontan al año 1782, cuando por el Marqués de Floridablanca se pensó crear una nueva institución denominada “Superintendencia General de Policía”. Ésta quedó constituida por Real Cédula de 30 de marzo de dicho año, quedando limitadas sus competencias al ámbito de la zona de Madrid. Finalmente sería suprimida diez años después como consecuencia de las confrontaciones políticas de la época.1

Durante los años siguientes se producirían diversos proyectos, creaciones, disoluciones, reconversiones y reorganizaciones de diferentes instituciones de seguridad pública que, por una u otra razón, no terminaron de consolidarse. Entre ellas cabe destacar la del efímero restablecimiento efectuado el 13 de diciembre de 1807 de la mencionada Superintendencia General2 y la creación de la “Superintendencia General de Vigilancia Pública” mediante un “Artículo de Oficio” de fecha 8 de junio de 1823.3

Mención especial merece el proyecto no consolidado que el teniente general Pedro Agustín Girón Las Casas, ministro de la Guerra y padre del futuro organizador de la Guardia Civil, el II Duque de Ahumada, presentó el 30 de julio de 1820 a las Cortes para su aprobación.

Se trataba de un cuerpo de ámbito nacional y carácter militar destinado exclusivamente a lograr la paz y la seguridad interior del país. Era un proyecto realmente muy novedoso en cuanto a su concepción. Con él se pretendía “el exterminio de los malhechores y la seguridad en los caminos, objeto principal de su instituto, cuyas circunstancias no se han podido lograr jamás a pesar de las medidas del Gobierno y de los esfuerzos y sacrificios de los pueblos”. Fue rechazado en la votación por considerarse “medida atentatoria a la libertad y desorganizadora de la Milicia Nacional”.4

Redactado el proyecto de establecimiento de la Policía General del Reino, en el que el propio Fernando VII fijó las bases en que debía fundamentarse, fue estudiado por una comisión y tras introducir las variaciones que se estimaron convenientes, se presentó el 1º de enero de 1824 el proyecto definitivo de real decreto al secretario de Gracia y Justicia. El Consejo de Ministros lo aprobó cinco días más tarde y el rey lo sancionó el 8 de enero, promulgándose por Real Cédula de 13 de enero.5

Se trató de un ambicioso e interesante proyecto de Policía integral y naturaleza civil que, al igual que sucedió con otras instituciones de seguridad pública de la época, civiles y militares, nació con vocación de permanencia y ámbito estatal, pero terminó fracasando con el tiempo al no conseguir ni lo uno ni lo otro. No tuvo continuidad en el tiempo ni vertebró el Estado al no conseguir desarrollar apenas su despliegue territorial.

Su desaparición se debería precisamente a la razón principal de su creación, aunque sea la que menos se suele mencionar, la de policía “política” o “secreta”, que realmente predominaba sobre el resto de funciones policiales. De hecho, el propio Fernando VII lo decía de forma velada al inicio de la exposición de motivos de la normativa citada:

Entre las atenciones que al verme restituido a la plenitud de los derechos legítimos de mi soberanía, reclaman con urgencia mi paternal solicitud, he considerado como una de las más importantes el arreglo de la Policía de mis Reinos, la cual debe hacerme conocer la opinión y las necesidades de mis pueblos, e indicarme los medios de reprimir el espíritu de sedición, de extirpar los elementos de discordia, y de desobstruir todos los manantiales de prosperidad”.

 

En relación a ello, y sin perjuicio del resto de funciones policiales a ejercer, su articulado dejaba muy claras las misiones propias de la Policía creada para servir y proteger al Régimen Absolutista que se había implantado tras acabar por la fuerza de las armas con el Trienio Liberal (1820-1823).

Así, en el artículo XIV se disponía que además de las atribuciones privativas que se contemplaban en dicho texto, la Policía tendría otras que desempeñaría acumulativamente, y sin perjuicio de los derechos de la jurisdicción Real ordinaria, de los de las jurisdicciones privativas, y de los de las autoridades gubernativas, como ayuntamientos o juntas autorizadas por las leyes en sus casos respectivos. Entre esas atribuciones se encontraban las siguientes:

“7ª. Cuidar de que no se introduzca por las fronteras de mar ni de tierra obra alguna, en cualquier idioma que sea, sin que el introductor presente orden expresa Mía, o la correspondiente licencia del Consejo, expedida en vista del ejemplar remitido previamente a él, u oido el Subdelegado general de Imprentas y Librerías del Reino.
8.ª Aprehender, previa información secreta, y con acuerdo del Subdelegado general de Imprentas, o de los particulares de las Provincias según los casos, cualesquiera libros que se hayan introducido sin los requisitos prevenidos en el artículo anterior, ya existían en poder de libreros o impresores, ya de particulares o comunidades, por privilegiados que sean, y entregar los reos de estas infracciones a las autoridades competentes para que les impongan las penas que les señalan las leyes.
9.ª Impedir la entrada, circulación y lectura de periódicos, folletos, cuadros satíricos, caricaturas u otros cualesquiera papeles o estampas en que se ataque mi Persona o regalías, o se ridiculicen o censuren las providencias de mi Gobierno; y aprehender estos mismos objetos, y los individuos que los introduzcan o retengan.
13.ª Perseguir las asociaciones secretas, ora sean comuneros, masones, carbonarios o de cualquier otra secta tenebrosa que exista hoy o existiere en adelante; ora se reunan para cualquier otro objeto, sobre cuyo carácter reprobado infunda sospechas la clandestinidad de las juntas.”

 

Dado que una de las principales debilidades que padecía la Policía General del Reino era la de no disponer de fuerza propia suficiente, acorde con las numerosas competencias de diverso tipo que tenía asignadas, se dispuso en el artículo XV los apoyos necesarios.

Concretamente se estableció que cuando la Policía precisara para el desempeño de sus funciones, el auxilio o cooperación de fuerza armada, podría utilizar (“ínterin establezco un Cuerpo militar especialmente encargado de la seguridad de los pueblos y de los caminos”) de sus alguaciles y dependientes; y en caso necesario invocar el auxilio de los comandantes militares, de los ayuntamientos, jueces y tribunales, de los jefes de la Real Hacienda, “y de cuantos tengan fuerza armada de que disponer.”

Otro ejemplo de una Policía propia de una Regimen Absolutista fue la cuestión del tiempo que los detenidos podían permanecer detenidos a su disposición y que se regulaba en el artículo XVI. El plazo máximo para ponerlos a disposición de jueces y tribunales era de ocho días. Pero caso de que fueran “reos presuntos de conspiración contra el Estado, y a los de contravención a los reglamentos de Policía”, podrían entonces continuar a disposición policial, “todo el tiempo que ella necesite para averiguar las ramificaciones de sus planes”.

Dada la importancia que tenían las confidencias, el punto 4º del artículo XXI establecía que dentro del presupuesto de gastos anuales debería existir, “un fondo reservado para gratificaciones extraordinarias a los individuos que hagan a la Policía revelaciones importantes a la tranquilidad o seguridad del Estado, expedición de correos extraordinarios para anunciar ocurrencias que interesen inmediatamente a la misma tranquilidad y seguridad, y otros gastos imprevistos”.

 Si bien es cierto que la Policía General del Reino constituyó en su inicio un prometedor y significativo avance respecto al resto de instituciones de seguridad pública que hasta esa fecha habían existido, le perjudicó letalmente tanto su perfil de policía “secreta” como su singular y excesiva implicación política con algunos de los gobiernos bajo los que sirvió.

 Ello terminó provocando no sólo que no terminara desarrollando su proyecto inicial, sino que fuera incluso objeto de durísimos reproches por los gobiernos que sucedieron a los que habían hecho un uso abusivo de sus capacidades, siendo condenada finalmente a su abolición definitiva.

Ello se puso de manifiesto por ejemplo al dictarse la Real Orden de 14 de agosto de 1827, mediante la que se revisó y modificó su reglamento que había sido aprobado el 20 de febrero de 1824, procediéndose a una significativa reducción de personal y presupuestos así como de atribuciones y competencias.6

 Si bien por Real Decreto del Ministerio de Fomento, de 25 de septiembre de 1833,publicado al día siguiente, víspera del fallecimiento de Fernando VII, volvió brevemente a fortalecerla parcialmente, ello apenas duró un mes.

Así, por Real Orden de 23 de octubre siguiente, tras comenzar exponiendo que la Policía General del Reino debía circunscribirse “en los límites de que nunca debió salir, que ejercitando su vigilancia sobre algunos no lo haga sino en el interés de la seguridad de todos; y que, en lugar de instrumento de vejaciones, sea un medio de gobierno, y por consiguiente un elemento de protección”, se ordenó al superintendente general, “haga inmediatamente revisar y refundir en este sentido los reglamentos del ramo, suprimiendo en ellos toda precaución exorbitante, toda formalidad vejatoria, toda traba, en fin, que no sea absolutamente exigida por la necesidad de conservar el orden y de asegurar el reposo general”.8

La situación se fue complicando cada vez más para dicha institución policial hasta que, tras la creación del Ministerio del Interior,9 por Real Decreto de 13 de mayo de 1834,10 se terminó dictando el Real Decreto de 4 de octubre de 1835,11 mediante el que quedó “suprimida la superintendencia general de policía, creada en virtud del de 8 de Enero de 1824”, dado tanto la inutilidad de su permanencia como lo costoso de sus dependencias.

Otro Real Decreto de fecha 25 del mismo mes suprimió también la contaduría general de policía, incorporándola a la del “Ministerio de lo Interior”,12 que a su vez por Real Decreto de 4 de diciembre siguiente, pasó a denominarse “Ministerio de la Gobernación del Reino”.13 

El final definitivo de lo que quedaba de la Policía General del Reino, bastante desprestigiada ya, tal y como reflejan las hemerotecas, vendría mes y medio después de serle conferida por la Regente María Cristina de Borbón, la presidencia del Consejo de Ministros al capitán general Joaquín Baldomero Fernández-Espartero Álvarez de Toro.14 Éste, cuatro semanas después, se hizo cargo de la Regencia al renunciar y exiliarse aquella.15 

Así, por Real Decreto de 2 de noviembre de 1840,16 tomando en consideración lo que con dicha fecha había expuesto el ministro de la Gobernación, Manuel Cortina Arenzana, a la Regencia provisional del Reino, se decretó que quedaba, “abolida la policía secreta y prohibido hacer ningún gasto con tal objeto”, expresándose en los términos más duros que nunca antes se había utilizado en una resolución oficial para certificar la defunción de una institución de seguridad pública. Igualmente se dispuso que se propondría con urgencia, la organización que debiera tener la “policía de protección y seguridad pública”, ejercida por las autoridades que la ley reconoce.

Sin embargo, a pesar de instarse de forma expresa tal urgencia, su organización, se demoraría aún más de tres años como consecuencia, entre otras causas, de las constantes crisis políticas y sucesivos cambios de gobierno que padeció la nación.

El desolador escenario que ello provocó en el panorama de la seguridad pública española, recién salido de la Primera Guerra Carlista, quedó perfectamente reflejado en una carta que el ministro de la Guerra, mariscal de campo Manuel de Mazarredo Mazarredo,  escribió el 31 de diciembre de 1843, al ministro de Gobernación, José Justiniani Ramírez de Arellano:

“Siendo continua la diseminación en que se encuentra la mayor parte de las tropas de Infantería, Caballería y Milicias, a causa de la persecución de ladrones y malhechores de todas especies a que están constantemente destinadas en innumerables partidas y destacamentos, en términos de no poder atender como conviene al servicio de las guarniciones y demás que les son peculiares; y no pudiendo esto dejar de producir males inmensos, como V.E. conocerá, a la disciplina del Ejército …; se hace preciso tratar de remediarlo, lo cual pudiera hacerse por medio de una fuerza pública que bajo dependencia inmediata del Ministerio de la Gobernación del digno cargo de V.E. y con la denominación que fuese más adecuada, se organizase convenientemente, relevase a las tropas de aquel servicio y se encargase de él en todos los pueblos, caminos y demás puntos de la superficie de la península”.17

 

Hubo por lo tanto que esperar a que el primer paso realmente firme, serio y con vocación de futuro que se dio para afrontar el grave problema de la seguridad pública en España, fuese el 26 de enero de 1844, bajo el gobierno de Luis González-Bravo López de Arjona, al crearse por real decreto, en el seno del Ministerio de Gobernación, el Ramo de Protección y Seguridad.

En el inicio de su exposición de motivos, no se dejaba duda alguna sobre la preocupación del Gobierno de Isabel II por el principal problema de la época: “la libertad civil, expuesta de continuo a los amaños y violencias individuales, no puede subsistir con firmeza sin la tutelar vigilancia y sin el robusto apoyo de la autoridad solícita y vigorosa del Gobierno”.18

Tal y como se continuaba relatando en la citada exposición, si bien se asumía que “por muy lamentables que sean algunos antecedentes que en España ofrece la organización del ramo de seguridad”, y se reconocía que “la abolición completa de la policía trae su origen del año 1840”, era indispensable que el gobierno pudiera “velar eficazmente por las personas y los bienes de todos”.

Aunque se recogía expresamente que el Real Decreto de 2 de noviembre de dicho año,19 había llegado a “suprimir del todo la institución, limitándose a la parte peligrosa y repugnante”, la policía secreta, bien era cierto que se “reconoció la necesidad imperiosa de organizar la policía, que apellidada de protección y seguridad pública, poniéndola exclusivamente en manos de las autoridades populares, a quienes la instrucción de febrero de 1823 confiaba el desempeño de un servicio tan ajeno de la índole de su instituto, como incompatible con la mudanza periódica y frecuente de la autoridad municipal”.

Dicha norma, se trataba de la “Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias”, aprobada por Real Decreto de 3 de febrero de 1823, que durante los años siguientes había sido objeto, como consecuencia de los vaivenes políticos, de diversas suspensiones y reposiciones,20 hasta que –y no sería la última vez- había sido otra vez derogada por Real Decreto de 30 de diciembre de 1843.21

Ello permitía, según apuntaba la exposición de motivos del mentado Real Decreto de 26 de enero de 1844, “la necesaria soltura para organizar el ramo de seguridad conforme a los buenos principios en que estriba el deber primero de la autoridad pública y la protección y firmeza del orden social”.

Consecuente con ello, comenzaba su articulado decretando que el servicio de protección y seguridad pública estaría exclusivamente a cargo del Ministerio de Gobernación de la Península, y de sus respectivos agentes en las provincias, y finalizaba, disponiendo que el ministro debía proponer, “con la urgencia que el servicio público reclama, la organización de una fuerza especial destinada a proteger eficazmente las personas y las propiedades, cuyo amparo es el primer objeto del ramo de protección civil”.

El segundo paso de importancia que se dio para seguir avanzando en la resolución del grave problema de orden y seguridad pública que entonces se padecía en España, fue tan sólo dos meses después.

El 28 de marzo siguiente, todavía bajo la presidencia de González-Bravo, se dictó un real decreto que disponía la creación del “Cuerpo de Guardias Civiles”,22 de carácter civil y dependiente del Ministerio de la Gobernación, “con el objeto de proveer al buen orden, a la seguridad pública, a la protección de las personas y de las propiedades, fuera y dentro de las poblaciones”, si bien, en cuanto a la organización y disciplina, dependería de la jurisdicción militar, tal y como se establecía expresamente en su artículo 12º.

El inicio de su exposición de motivos no dejaba duda alguna de su entroncamiento con el Real Decreto de 26 de enero anterior, citándolo expresamente y afirmando que: “El Gobierno ha menester una fuerza siempre disponible para proteger las personas y las propiedades; y en España, donde la necesidad es mayor por efectos de sus guerras y disturbios civiles, no tiene la sociedad ni el Gobierno más apoyo ni escudo que la milicia o el Ejército, inadecuados para llevar este objeto cumplidamente o sin perjuicios”. Es decir, España carecía entonces de una institución de seguridad pública de ámbito estatal y carácter policial.

El resto de la historia fundacional es ya sobradamente conocida, por lo que sólo se hace a continuación una breve referencia de lo más destacable. El propósito inicial era que esa nueva “fuerza especial” que se iba a crear fuera realmente la fuerza armada y uniformada que tendría el Ramo de Protección y Seguridad para poder cumplir sus cometidos, pero ahora bajo las órdenes directas de los jefes políticos de las provincias y no bajo las de los alcaldes.

 Sin embargo, ese proyecto que hubiera terminado abocado al fracaso como había sucedido con los que le precedieron, ya que adolecía de importantes vulnerabilidades, cambió de rumbo, tras disponerse por Real Orden de 12 de abril de 1844, dimanante del Ministerio de Gobernación, que se procediera a organizar el nuevo Cuerpo por el Ministerio de la Guerra, y comisionarse por otra real orden dictada tres días después, al mariscal de campo y II Duque de Ahumada, Francisco Javier Girón y Ezpeleta, como su director de organización.23

En tan sólo cinco días elaboró un detallado informe en el que expuso con claridad y contundencia sus enmiendas y reparos al contenido del Real Decreto de 28 de marzo. El hecho de que el teniente general Ramón María Narváez y Campos, asumiera el 3 de mayo la presidencia del Consejo de Ministros y la cartera del Ministerio de la Guerra, favoreció la rápida aprobación de las modificaciones propuestas por el Duque de Ahumada.24

Diez días más tarde, el 13 de mayo, se publicó un nuevo y definitivo real decreto recogiendo las modificaciones propuestas.25 La Guardia Civil que surgió de esta nueva organización tenía un inequívoco carácter militar, frente a la que se organizaba en el decreto de marzo.26

Conforme a la nueva y definitiva norma fundacional, la Guardia Civil tenía por lo tanto una clara naturaleza castrense y quedaba sujeta, según se disponía en su artículo 1º, al “Ministerio de la Guerra por lo concerniente a su organización, personal, disciplina, material y percibo de sus haberes, y del Ministerio de la Gobernación por lo relativo a su servicio peculiar y movimiento”.

En definitiva, tal y como escribiría cinco décadas después el insigne escritor Benito Pérez Galdós, en una de sus obras, con motivo del enlace matrimonial de Isabel II con su primo Francisco de Asís de Borbón en 1846, al arremeter contra el que había sido el presidente Luis González-Bravo:

“Y no fue su gobierno de cinco meses totalmente estéril, pues entre el miserable trajín de dar y quitar empleos, de favorecer a los cacicones, de perseguir al partido contrario y de mover, sólo por hacer ruido, los podridos telares de la Administración, fue creado en el seno de España un ser grande, eficaz y de robusta vida: la Guardia Civil”.27

 

Por lo tanto, puede concluirse que la Policía General del Reino, como institución de seguridad pública, es un antecedente histórico más de los que precedieron y desaparecieron antes de la creación en 1844 del Cuerpo de la Guardia Civil, que con permanencia de futuro terminó por vertebrar realmente el Estado y que hoy día, casi 178 años despues, sigue siendo el de mayor antigüedad, despliegue territorial y entidad numérica del Estado Español.

 

Jesús Narciso Núñez Calvo
Coronel de la Guardia Civil
Doctor en Historia

 

__________________

1 TURRADO VIDAL, Martín. Documentos fundacionales de la Policía. Madrid: Ministerio Interior, 2002, p. 13.
2 ANTÓN LÓPEZ, Julio. Historia de la Policía Española. Madrid: Edición del autor, 2000, p. 140.
3 CABO MESEGUER, Vicente; CAMINO DEL OLMO, Miguel Ángel; y CORREA GAMERO, Manuel. Policía Española. Notas e imágenes. Barcelona: Lunwerg Editores, 1999, p. 31.
4 AGUADO SÁNCHEZ, Francisco. Historia de la Guardia Civil. Madrid y Barcelona: Ediciones Históricas, Cupsa y Planeta, 1983, vol. I, pp. 163-166.
5 Gaceta de Madrid, núm. 6, 13/01/1824, Suplemento, pp. 25-28. CABO, V.; CAMINO, M.; y CORREA, M. Policía Española …., op. cit, p. 33. TURRADO, M. Documentos fundacionales …, op. cit, pp. 17-18.
6 Gaceta de Madrid, núm. 99, 18/08/1827, pp. 393-394.
7 Gaceta de Madrid, núm. 117, 26/09/1833, p. 499.
8 Gaceta de Madrid, núm. 131, 24/10/1833, p. 562.
9 ROJAS JUÁREZ, José Rafael; y DE ANDRÉS DÍAZ, Rosana. Ministerio del Interior. Dos siglos de historia. Bilbao (Vizcaya): Ministerio del Interior, 2015, pp. 44-46.
10 Gaceta de Madrid, núm. 84, 15/05/1834, p. 385.
11 Gaceta de Madrid, núm. 283, 05/10/1835, pp. 1.121-1.122.
12
Gaceta de Madrid, núm. 306, 28/10/1835, pp. 1.213-1.214.
13 Ibídem, núm. 347, 08/12/1835, p. 1.386.
14 Gaceta de Madrid, núm. 2.159, 20/09/1840, p. 1.
15 Gaceta de Madrid, núm. 2193, 20/10/1840, p. 1.
16 Gaceta de Madrid, núm. 2.207, 03/11/1840, p. 2.
17 LÓPEZ GARRIDO, Diego. La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista. Madrid: Alianza Editorial, 2004, p. 92.
18 Gaceta de Madrid, núm. 3.422, 27/01/1844, p. 2.
19 Gaceta de Madrid, núm. 2.207, 03/11/1840, p. 2.
20 SOSA WAGNER, Francisco y DE MIGUEL GARCÍA, Pedro. Creación, Supresión y Alteración de Términos Municipales. Madrid: Instituto de Estudios de la Administración Local, 1987, pp. 20-24.
21 Gaceta de Madrid, núm. 3.395, 31/12/1843, pp. 1-3.
22 Gaceta de Madrid, núm. 3.486, 31/03/1844, pp. 1-2.
23 Ibídem, núm. 3.506, 20/04/1844, p. 1.
24 LOPEZ CORRAL, Miguel. La Guardia Civil. Nacimiento y Consolidación (1844-1874). Madrid: Editorial Actas, 1995, pp. 38-39.
25 Gaceta de Madrid, núm. 3.530, 14/05/1844, pp. 1-2.
26 MARTÍNEZ VIQUEIRA, Eduardo. Hombres de Honor. El Duque de Ahumada y la Fundación de la Guardia Civil. Madrid: La Esfera de los Libros, 2019, p. 211.
27 PÉREZ GALDÓS, Benito. Bodas Reales. Episodios Nacionales. Madrid, 1900, p. 40.

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8 DE DICIEMBRE: SOLEMNIDAD DE LA PURÍSIMA E INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA, PATRONA DE ESPAÑA Y DE SU INFANTERÍA.

patrona de infanteria

El 16 de enero de 1761 el Rey Carlos III firmaba un Decreto-Ley por el que proclamaba patrona de todos sus Reinos ‹‹a esta Señora en el misterio de su Inmaculada Concepción››. Esta disposición de Ley lleva por título ‹‹Universal Patronato de Nuestra Señora en la Inmaculada Concepción en todos los Reinos de España e Indias››. 

ALOCUCION FRANCISCO HERVÁS MALDONADO, CORONEL MÉDICO (r) Y VOCAL DE CULTURA DE CIRCULO AHUMADA EN LA XXXIII GALA DE LA DE LA ASOCIACIÓN

premios ahumada 19 11 2021 madrid 140

Un año más celebramos el acto de entrega de reconocimientos y premios del Círculo Ahumada, institución con más de 33 años ya. En primer lugar, quiero destacar la extraordinaria labor de D. Antonio Mancera López, un hombre cuya vida está entregada a nuestra querida Benemérita. La verdad es que lo lleva en la sangre: hijo y hermano de Guardias Civiles, Antonio siente en su vida el amor a nuestro querido Instituto Militar de la Guardia Civil. 

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