El TSJCat confirma la suspensión de la ejecución de la sanción impuesta a la cabo de los “Mossos” Inmaculada Alcolea

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INMACULADA ALCOLEA final

Condena a la Generalitat a pagar las costas judiciales

 El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha desestimado el recurso de apelación de la Consejería catalana de Interior contra la decisión de una magistrada de dejar en suspenso de forma cautelar la aplicación de la sanción impuesta a la cabo de los ‘Mossos d’Esquadra’ Inmaculada Alcolea, denunciante pública del “independentismo dentro de la policía autonómica catalana”, por calificar a la Generalidad de Cataluña como “Genestapo“.

Además, condena a la Generalidad a pagar las costas judiciales.

Alcolea ha manifestado a Confilegal que “después de tantos años de persecución política es satisfactorio que la Justicia” le dé la razón y el TSJCat “vuelva a fallar” a su favor y, además, imponga a la Generalidad 1.000 euros de costas.

“Que pagarán al final todos los españoles”, añade.

“No hay ni una que no les haya ganado, desde las medidas cautelares hasta el primer juicio por supuesta falta de respeto a Puigdemont”, señala esta cabo, que es licenciada en Derecho.

“Este expediente disciplinario concretamente se inicia porque en una reunión de ‘Societat Civil Catalana’, donde participó el entonces delegado del Gobierno Enric Millo me quejé del ensañamiento, desproporción, arbitrariedad, agravios comparativos que había en los ‘Mossos d’Esquadra’ en función de la ideología política y finalmente les llamé Genestapo y golpistas”, explica.

Añade que a “Trapero, juzgado por los delitos más graves contra el ordenamiento constitucional, no se le ha abierto ningún tipo de expediente disciplinario, no se le ha aplicado ninguna medida cautelar, y además la asistencia jurídica de Laplana y Trapero es sufragada con cargo a la Generalidad de Cataluña, en claro conflicto de intereses, ya que el gobierno catalán que autorizoó el pago de esa abogada privada está actualmente condenado en firme por sedición”.

El 9 de octubre de 2018, la Dirección General de los ‘Mossos’ impuso a Inmaculada Alcolea una sanción de cinco meses de suspensión de funciones, con pérdida de retribuciones, por la comisión de una infracción disciplinaria que fue calificada como grave.

Alcolea solicitó la adopción de una medida cautelar consistente en la suspensión de la ejecución de la sanción basándose en los establecido en el artículo 130 de la ley 29/1998, aduciendo que la declaración de su suspensión podría producir daño a la efectividad de la sentencia que corresponda adoptar en su día.

El 24 de abril de 2019 la magistrada María Isabel López Montañez, titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Barcelona, adoptó la medida cautelar solicitada por Alcolea señalando que podría provocar una ‘periculum’ evidente.

La Generalidad de Cataluña recurrió esta resolución alegando que no es cierto que la sancionada esté en una situación económica precaria, y por el hecho de que, a su juicio, Alcolea sigue haciendo actuaciones similares a las que provocaron la imposición de la sanción objeto de este litigio, por lo que entiende que no debe ser suspendida la ejecución de la misma.

Según la administración, no concurren los presupuestos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA) para poder acordar la suspensión.

El pasado 24 de abril, el Juzgado Contencioso-Administrativo número 7 de Barcelona desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el auto que acordó la suspensión cautelar de la sanción.

Entonces la letrada de la Generalidad de Cataluña interpuso un recurso de apelación ante el TSJCat contra dicha resolución, que el tribunal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) ha desestimado, confirmando la resolución.

El abogado de Inmaculada Alcolea, Jacinto Quintans, del despacho Albácar-Clusa, se opuso por entender que concurren todos los presupuestos legales para que pueda mantenerse la suspensión acordada y, en consecuencia, solicitó que se desestimara el recurso.

El pasado 3 de febrero tuvo lugar la votación y fallo, y esta semana el tribunal ha publicado la sentencia en la que ha desestimado el recurso de apelación de la Generalitat.

La resolución, número 634 /2020, de 14 de febrero, la firman las magistradas María Luisa Pérez Borrat, María Fernanda Navarro de Zuloaga y Núria Bassols Muntada, que ha sido la ponente.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El tribunal señala que en el auto recurrido se realiza una ponderación de todos los intereses en juego y de las circunstancias concurrentes en este caso en orden a resolver sobre la adopción o no de la medida cautelar y que “al producir la ejecución de la sanción perjuicios de índole económica y profesional que son de difícil o imposible reparación” no procede la revocación de la suspensión de la medida cautelar, “siendo evidente que, si procede, la ejecutividad del recurso, se llevará a cabo cuando se esté ante una decisión firme”.

Recuerda que el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece la imposición de costas causadas en esta segunda instancia a la parte apelante cuyas pretensiones sean desestimadas en su totalidad, por lo que procede imponerle las costas causadas, si bien con el límite máximo por todos los conceptos de 1.000 euros.

LA JUSTICIA ANULÓ EL PASADO OCTUBRE UNA SANCIÓN DE 7 MESES IMPUESTA A ALCOLEA

El pasado octubre, el magistrado Andrés Maestre Salcedo, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 15 de Barcelona, anuló una sanción de 7 meses de empleo y sueldo –falta grave– que impuso el director general de los ‘Mossos d’Esquadra’ a  Inmaculada Alcolea el 27 de febrero de 2018 por unos comentarios menospreciativos sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont publicados en su página de Facebook por su madre anciana.

La sanción, que ya había sido levantada en junio por el TSJCat, conllevaba la pérdida de su actual destino, en Gerona, y su traslado a otra localidad.

Alcolea había alegado desde el principio de la apertura del expediente que ella no había sido la autora, sino su madre, a quien se le había estropeado el  portátil y mientras se lo arreglaban utilizó el suyo y publicó dichos comentarios sin su conocimiento.

A lo largo de siete publicaciones –entre noviembre y diciembre de 2016–, la madre de la cabo escribió que “los de la CUP son unos guarros” y criticó al gobierno de la Generalitat y de modo específico, a su entonces presidente, Carles Puigdemont, de quien dijo no era licenciado universitario y que mentía al decir que lo era.

Inmaculada Alcolea, aunque contenta con el desenlace, considera que la sentencia es “injusta”.

“El magistrado reconoce que hay una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 24 de la Constitución, y sin embargo no condena en costas a la Dirección General de los ‘Mossos’ ni se me indemniza por los 16 meses inmersa en un expediente con tres medidas cautelares diferentes”, ha señalado Alcolea a este diario.

Alcolea tiene interpuestas varias denuncias “contra ‘mossos d’Esquadra’ independentistas”, entre ellos Albert Donaire, líder del grupo ‘Mossos per la Independencia’, reconvertidos en ‘Mossos per la República’.

También ha denunciado al exdirector general de policía autonómica catalana, Andreu Juan Martínez Fernández, por un supuesto delito de prevaricación, “por la aplicación distinta del régimen disciplinario en función de la ideología del ‘mosso'”.

“Tras 21 años de trabajo sin ningún incidente, llevamos tres años en los que los ‘mossos’ que nos sentimos españoles estamos siendo perseguidos políticamente con expedientes desproporcionados, con ensañamiento, con multitud de agravios comparativos respecto a los mismos hechos cometidos por agentes independentistas, los cuales son protegidos y tolerados”, denuncia.

También tiene otra demanda interpuesta contra una persona por el uso ilegítimo de imágenes de sus hijos.