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Interior retrasa sin fecha el pago de la equiparación salarial a policías y guardias

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La crisis del coronavirus ha aparcado el compromiso que el Gobierno había adquirido con los bolsillos de los policías nacionales y de los guardias civiles. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no tiene tiempo para gestionar el abono del tercer tramo del acuerdo de equiparación salarial que el ejecutivo abrazó cuando llegó a La Moncloa y que supone 274 millones de euros de las arcas públicas.

La última partida económica que el responsable de la seguridad del estado debe desembolsar para cerrar el pacto que el Gobierno anterior alcanzó con los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil, por lo tanto, se encuentra en el aire.

Así lo explican fuentes del propio Ministerio del Interior, que aseguran que no están celebrando ningún tipo de reunión online (la única viable en estos momentos) entre miembros del departamento y, por supuesto, tampoco entre responsables del mismo y representantes de los agentes de ambas corporaciones. Explican también que por ahora no hay fecha para hacerlo ni plazos establecidos con sindicatos y asociaciones para establecer cómo llevar a cabo el reparto del montante destinado a incrementar el salario de los funcionarios y a que este se equipare con el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, el referente establecido en este asunto.

El Gobierno ya ha abonado los dos primeros tramos del acuerdo de equiparación, correspondientes a los años 2018 y 2019. El pago del tercer tramo, sin embargo, queda aún pendiente. Tenía que haberlo hecho efectivo Interior el pasado 1 de enero, pero esto no ha ocurrido ni hay fecha para que se lleve a cabo. Lo que sí explican desde el Ministerio es que en el momento en que se realice, se hará con efectos retroactivos. Es decir, que los funcionarios de ambos institutos armados ingresarán lo que les correspondería desde principios de año. "Lo estamos impulsando, pero se está viendo afectado por la situación", justifican desde el departamento dirigido por Grande-Marlaska. "Nuestra intención es hacerlo lo más rápido posible", añaden antes de admitir que por ahora está aparcado 'sine die'.

El ministro del Interior indicó en el pasado 18 de febrero en comparecencia en el Congreso de los Diputados -antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma- que quería esperar a que sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil se pusieran de acuerdo en cuanto al reparto concreto que tenía que producirse de los 274 millones de euros pendientes. Era consciente Grande-Marlaska de que los agentes de ambas partes discrepaban en cuanto a la cantidad que debía recibir cada corporación y decidió no intervenir para tomar partido, lo que retrasó aún más el abono. "Él sabía que su obligación era mojarse, pero no lo hizo para alargar la situación y ver cómo nos pegábamos por cuatro euros", aseguran fuentes sindicales, que exigen ahora el pago de lo comprometido.

"Lleva cuatro meses de retraso", añaden las mismas fuentes con visible impaciencia. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), de hecho, visibilizó la intranquilidad de los agentes respecto a la injustificada demora. En un comunicado remitido a los medios el pasado 27 de abril, la organización informó de que acababa de remitir una carta al ministro en la que le pedía que cumpliera con su palabra y abonara el tercer tramo, que era fruto de un pacto firmado en 2018 por Interior y once sindicatos y asociaciones profesionales. "En enero y en abril Marlaska trató de vincular el cumplimiento del acuerdo a la aprobación de los presupuestos generales del estado, que tal y como han reconocido diversos miembros del ejecutivo no saldrán adelante hasta el año que viene", expresaron desde el SUP, organización a la que le da igual la fórmula que elija el responsable del departamento con tal de que el dinero llegue al bolsillo de los policías y guardias civiles.

El ministro, recordaron desde el sindicato, "garantizó que en caso de no ser viable la vía ordinaria por no haber acuerdo parlamentario o retrasarse los plazos de tramitación del anteproyecto de ley, el Gobierno recurriría al real decreto ley, como ya hizo para cumplir el pago del incremento salarial correspondiente a 2019". "Ante la evidencia de que no será viable contar con nuevos presupuestos, impulse usted la otra norma con carácter de urgencia, puesto que además esta ya la están empleando para sacar adelante cuestiones políticas de todo tipo", reclamó el SUP. No en vano, fuentes oficiosas del Ministerio del Interior reconocen a El Confidencial que la vía del real decreto ley es la que en estos momentos se plantea Interior como principal forma de hacer efectivo el abono del tercer tramo, aunque matizan en línea con las fuentes oficiales consultadas que no hay fecha para que se produzca este trámite.

"La inacción del Ministerio ha sido evidente", calificó el SUP, que incluso fue más allá en su descripción de la situación. "El ministro ha pretendido utilizar ese pago como un instrumento de presión política para que la oposición parlamentaria garantizara su respaldo a los presupuestos generales, una estrategia que se basaba en jugar con las expectativas de un colectivo de más de 140.000 familias", añadió el sindicato, que valoró el supuesto plan como "una ofensa" para los funcionarios y recordó que aún estaba pendiente el desarrollo de la cláusula octava del acuderdo, que establece la obligación de que el Gobierno materialice una herramienta normativa que impida que vuelva a haber agravios comparativos entre el sueldo de los Mossos y el de las corporaciones que operan a nivel nacional.

En la misma línea se pronuncian desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Su portavoz, Juan Fernández, explica a El Confidencial que el Gobierno está ante una oportunidad única de lograr la equiparación efectiva. "El mejor guiño que puede hacer el ministro del Interior a las fuerzas y cuerpos de seguridad que han estado luchando en esta crisis contra el coronavirus y todos los efectos que ha conllevado la pandemia sería ese tercer tramo de equiparación", recomienda el representante de la asociación, que admite que sería un buen "reconocimiento para todos los policías y guardias civiles". Además, prosigue, "el tercer tramo es el de menor cuantía y es un compromiso del Gobierno".

La Mesa del Congreso de los Diputados tumbó el pasado 3 de marzo la tramitación de una iniciativa legislativa popular emprendida por la asociación de policías y guardias civiles Jusapol para equiparar el salario de todos los cuerpos policiales que operan en el país para siempre y que no haya que estar con negociaciones continuas como esta del tercer tramo o la mencionada de la cláusula octava que aún no ha sido desarrollada. El órgano se alineó entonces con la disconformidad planteada por el Gobierno en relación con esta propuesta y se negó siquiera a tomarla en consideración.

El ejecutivo argumentó que la iniciativa legislativa pretendía "supeditar la política retributiva del estado a los gobiernos autonómicos y locales, pues pretendía ligar el sueldo de Policía y Guardia Civil a cualquier futura subida salarial de los cuerpos policiales no solo autonómicos, sino incluso locales", argumentaron desde Interior para rechazar la propuesta. En torno a Las Cortes se congregaron ese día alrededor de 30.000 funcionarios, según calculó la organización de Jusapol, una movilización que a juicio de esta última asociación sirvió para visibilizar el malestar que tienen los policías y los guardias.

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